• Y además, reducirá las prestaciones por desempleo para mayores de 55 años.
  • Al mismo tiempo, Báñez presume ante Hispanidad: "No vamos a hacer más recortes (en el subsidio de paro), a medio plazo". El caso es que ya los están haciendo para los veteranos.
  • En el caso de la jubilación anticipada forzosa no podrá hacerse hasta cuatro años antes de la edad de jubilación legal y sólo si se ha cotizado 33 años.
  • Se aumenta la penalización a las empresas que despidan a trabajadores con más de cincuenta años.

Las pensiones tienen un peso limitado al 10% del PIB pero, de no poner freno a las jubilaciones y en el contexto demográfico actual, el Ejecutivo preveía un incremento del 3,6%.

Se acabó el miedo de los jubilados a hacer chapuzas -jubilación parcial-. Se pueden compatibilizar ahora con el cobro de la pensión, eso sí, cotizando.

Se mantiene la ampliación progresiva de la edad de jubilación hasta los 67 años, según la ley de 2011, aprobada por el Gobierno Zapatero.

El Estado no se puede permitir la sangría de que un 42% de las jubilaciones sean anticipadas, con un coste de 7.000 millones al año.

El Gobierno (la ministra de empleo, Fátima Báñez, en la imagen) ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros el Real Decreto-Ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Un título realmente largo que se podría resumir con una frase muy corta: "Adiós a las prejubilaciones".

Entre las medidas adoptadas se homogeneiza la regulación del subsidio para mayores de 55 años en relación con el resto de prestaciones del sistema, es decir, según ha explicado la ministra, se limitarán las prestaciones en atención a su situación y la de la renta familiar, y se refuerzan las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo. El caso es evitar que los trabajadores maduros acepten de buen grado las prejubilaciones. Ello supone de por sí un recorte en las prestaciones al limitarlas. Sin embargo, a preguntas de Hispanidad, la ministra ha manifestado que el sistema de subsidios de desempleo es perfectamente sostenible y que no va a haber más recortes a medio plazo, cuando de hecho ya los está aplicando.

Bajo la justificación loable de que los ajustes de plantilla no deberían discriminar a los trabajadores de más edad, se encuentran argumentos de mucho más peso, como que el hecho constatado de que el 100% de las jubilaciones con coeficientes reductores de trabajadores entre 61 y 64 años provenían de prestaciones por desempleo y el 42% de las altas de jubilación corresponde a jubilaciones anticipadas (2012).

En 2012, se prejubilaron 127.358 beneficiarios, con pensiones un 16% superiores a la media. Desde el inicio de la crisis las prejubilaciones se han incrementado un 33% y generan un coste de unos 7.000 millones de euros anuales.

Lo cierto es que a partir de ahora se aumentan los requisitos para prejubilarse, aumentando la edad. Por ejemplo, en el caso de la jubilación anticipada forzosa no podrá hacerse hasta cuatro años antes de la edad de jubilación legal. Se requerirá una cotización mínima de 33 años. Además se incorpora una mayor contributividad en el caso de los coeficientes reductores.

Al mismo tiempo, se modifica la compensación que deben pagar las empresas de mayor tamaño por la inclusión de trabajadores de más edad en despidos colectivos.

Se exige la compensación, no sólo a las empresas que estuvieran en situación de beneficios, sino también a aquéllas en pérdidas que, durante cinco años, obtengan resultados positivos. El objetivo es desincentivar la inclusión de trabajadores mayores en despidos colectivos, mucho más difíciles de reinsertar en el mercado laboral.

Para evitar que se utilice la edad como criterio preferente de selección de los trabajadores objeto de despido, la obligación se exigirá en el caso en que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de esa edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa.

Entre las pretensiones del Gobierno está la de tener a la mayor parte de la población cotizando el mayor número de años posibles. Se acabó el miedo de los jubilados a hacer chapuzas. La nueva legislación permite trabajar, tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial, percibiendo el 50% de la pensión. A los abuelitos con arrestos que tengan la suerte de encontrar un trabajo en estos tiempos de crisis se les exime del pago de buena parte de las cotizaciones sociales. Se introduce, no obstante, una cotización de "solidaridad" del 8% (6% a cargo de la empresa, 2% a cargo del trabajador).

Sara Olivo

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