Es un paso en el nuevo rediseño del Estado, más centralista con la pretensión de ahorrar costes

-Se contempla la posibilidad de traspasar la explotación de los recursos hídricos a terceros mediante concesiones en Las Tablas de Daimiel.

A las dos en punto comparecía la vicepresidenta de Gobierno ante la prensa tras el Consejo de Ministros de este viernes. Se esperaban anuncios de medidas de recorte, como la legislación sobre peajes o la modificación del sueldo de los funcionarios en relación con su productividad, que se quedan para más adelante, como precisó después.

El tema estrella de la rueda de prensa más tediosa y menos productiva que ha concedido la vicepresidenta desde que ha llegado al Gobierno, y que como buena política se ha convertido en un hacha en el arte de no contestar o hacerlo con evasivas, ha sido el anuncio de la aprobación de un real decreto que, entre otras cosas, permite recuperar al Estado su capacidad sancionadora sobre las infracciones que se cometan en las cuencas hidrográficas, algo reservado hasta ahora a las Comunidades Autónomas y que creaba no pocos problemas. El Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente evitará duplicidades entre administraciones y "pretende garantizar la unidad de mercado y simplificar los procedimientos que por su complejidad y coste suponían una gestión difícil", y según señaló la vicepresidenta está en la línea de las actuaciones que desea llevar a cabo el Gobierno.

La medida pretende solventar situaciones como la de las Tablas de Daimiel, en grave peligro ecológico por la sobre explotación de los acuíferos, una zona -ha anunciado la vicepresidenta- a la que se prestará especial atención. El Real Decreto Ley recoge expresamente la situación de Las Tablas de Daimiel. El Gobierno y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha han acordado establecer normas para mejorar los recursos y el equilibrio de la zona. Estos recursos se transformarán en concesiones que pueden ser transferidas a terceros a cambio de reducirse el volumen de aprovechamiento de cada una de las mismas. Se trata, según la vicepresidenta, de reordenar los derechos de uso de agua, y buscar fórmulas para evitar la sobre explotación en esta zona de equilibrio medioambiental tan complejo.

Con la legislación anterior unas comunidades autónomas perjudicaban a veces a otras al no sancionar con el mismo rigor. Las consecuencias las pagaba la autonomía vecina por donde pasaba el mismo río. La sobre explotación de acuíferos subterráneos ha sido también un problema muy grave para el medio ambiente.

La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que se deroga la normativa anterior que posibilitaba que cada comunidad autónoma pudiera asumir competencias de policía, sancionadoras, en la cuenca que correspondía a su autonomía. Sáenz de Santamaría ha anunciado que el Estado será el encargado de asumir íntegramente las labores 'de policía o sancionadoras' en las cuencas hidrográficas que afectan a varias comunidades autónomas. "De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que es el Estado, para evitar duplicidades, solapamientos y actuaciones contradictorias en el procedimiento sancionador en el uso del agua, quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas", ha puntualizado.

El Real Decreto Ley simplifica también el régimen de calificación de los espacios protegidos "para que los municipios tengan claro cuál es el régimen jurídico, las limitaciones y los derechos que se pueden ejercer en cada zona".

En cuanto a la gestión de residuos ya no habrá que realizar notificaciones en varias comunidades para la salida y llegada de los mismos. "Se termina con ese procedimiento y se establece un sistema de notificaciones único, más sencillo, más rápido y más barato", concluyó.

Sara Olivo

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