- Koplowitz renegocia la deuda con su mayoría en FCC en juego
- El Gobierno se plantea devolver la paga extra a los funcionarios desde 2015 y analiza su abono en metálico
- Enfado policial con la Fiscalía por no pedir cautelares para Jordi Pujol Ferrusola
- Jordi Pujol Ferrusola amasó gran parte del dinero en las legislaturas de Maragall y Montilla
- Nadie solicita los 6.000 euros para estudiar en español en Cataluña
- Los alumnos de FP superan este curso en casi 90.000 a los de Bachillerato
- Gallardón se plantea dimitir si se retira la ley del aborto
- Los obispos al Gobierno: «La ley del aborto es una promesa electoral»
- Los funcionarios serán protegidos para evitar más agresiones
La Conferencia sobre la Seguridad en Irak, celebrada ayer en París, se saldó con el compromiso de proporcionar al nuevo Gobierno iraquí todos los medios necesarios para erradicar de su territorio al autodenominado Estado islámico. El documento final de la conferencia dejó constancia de que cualquier decisión de la coalición para combatir al Estado Islámico deberá respetar la legalidad internacional y garantizar "la seguridad de la población civil". La cobertura legal de una eventual intervención militar será objeto de futuras conversaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, a finales de septiembre.

Por su parte, en su intervención ante la treintena de titulares de Exteriores en París, el ministro español José Manuel García-Margallo dijo que ni Irak ha pedido algo concreto a Madrid ni EEUU ha solicitado el uso de bases. "Estamos esperando que se nos diga qué se necesita", dijo, precisando que si se planteara una participación militar, estaría sujeta a "que se pida, a que esté amparada por una resolución internacional y a que tenga el consenso de las fuerzas políticas". Lo de siempre: perfil bajo y a correr. En el PP aterra una reedición de las protestas de la primera guerra de Irak.

En lo económico, el Consejo de Administración de El Corte Inglés se reunirá esta tarde en Madrid para elegir al sucesor de Isidoro Álvarez, que todo apunta a que será Dimas Gimeno, sobrino de Álvarez, que fue nombrado director general hace un año, con el papel de número dos a Manuel Pizarro, fichado el pasado mes de junio como adjunto a la Presidencia, tal y como ha explicado Hispanidad.

Por su parte, la nueva presidenta del Banco Santander, Ana Botín, dedicó sus primeras palabras en la junta extraordinaria de accionistas celebrada ayer en Santander a la memoria de su padre, Emilio Botín, y ofreció un discurso en el que reiteró su voluntad de "continuidad" para alargar las décadas de éxitos del banco. "Mi ambición consiste en mantener esta trayectoria de éxito, a la que voy a dedicar el mayor de mis esfuerzos", dijo, aunque admitió que "no será fácil". "El nuevo entorno competitivo y el entorno regulatorio son cada vez más exigentes", constató, y abogó por "afianzar la cultura Santander, que es la base del crecimiento sostenible".

También es noticia hoy -com publicó Hispanidad- que Orange lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de Jazztel a 13 euros por acción, lo que supone unos 3.330 millones de euros, que se pagarán en efectivo, según anunció la compañía que preside Leopoldo Fernández Pujals poco antes de las once de la noche de ayer. No obstante, el acuerdo está condicionado a las aprobaciones regulatorias y a la aceptación del 50,01% del capital social de Jazztel, así como a que Jazztel no compre Yoigo.

Así las cosas, en lo que respecta a las exclusivas del día, los equipos de fútbol deben a Hacienda 564 millones y no 482 como informó la Liga de Fútbol Profesional (LFP): un 17% más (82 millones aproximadamente). La reducción del último año de la deuda ha sido de 99 millones y no de 165 como insiste la Liga, que ha acusado a la Agencia Tributaria de pretender liquidar a los clubes. Aunque se ha reducido levemente, la deuda de los clubes de fútbol con Hacienda es superior a la facilitada por la Liga de Fútbol Fútbol Profesional (LFP). Quizá para magnificar el esfuerzo de los clubes o para restar importancia al inmenso agujero, según la LFP –que preside Javier Tebas–, la deuda con la Agencia Tributaria alcanzaba en junio los 482 millones de euros, 165 millones menos que la temporada anterior, que acabó con un endeudamiento de 647 millones. Por ello, la LFP destacó que se había producido una reducción de 165 millones en un año, un 25% menos, informa El Mundo.

Koplowitz renegocia la deuda con su mayoría en FCC en juego, informa ABC.

El Gobierno se plantea devolver la paga extra a los funcionarios desde 2015 y analiza su abono en metálico, afirma El País.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, abrió ayer la puerta a elecciones anticipadas si no se celebra la consulta soberanista el 9 de noviembre con "plenas garantías democráticas". Durante su discurso en el debate de política general en el Parlament, incidió en que "si se puede" quiere agotar la legislatura a finales de 2016, pero añadió que no está "sólo" en sus manos, y que para cumplir ese objetivo habría que votar el 9 de noviembre. No obstante, dijo que "confía" en que pueda llevarse a cabo la consulta dentro de la legalidad, de forma que su resultado pudiera ser "leído con nitidez y democráticamente aceptado por todo el mundo".

En ese contexto, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dejó ayer en libertad sin medidas cautelares a Jordi Pujol Ferrusola, al que interrogó durante cinco horas sobre sus tratos mercantiles con empresas contratistas de la Generalitat. El hijo del expresidente catalán negó haber percibido comisiones por interceder en adjudicaciones públicas y defendió que los cobros que recibió de diversas empresas respondieron a trabajos reales y no ficticios, como sostiene la Policía. Enfado policial con la Fiscalía por no pedir cautelares para Jordi Pujol Ferrusola, según El Mundo. 

Jordi Pujol Ferrusola amasó gran parte del dinero en las legislaturas de Maragall y Montilla, destaca ABC.

Ninguna familia catalana ha solicitado todavía la ayuda de hasta 6.000 euros por curso establecida por el Ministerio de Educación para garantizar la escolarización en español en un colegio privado. La Generalitat no descarta que, más adelante, surjan peticionarios. El decreto que regula esta subvención se aprobó en julio y ha pasado poco tiempo, a lo que se suma la complejidad de los trámites, dice El País. 

Los alumnos de FP superan este curso en casi 90.000 a los de Bachillerato, destaca ABC.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no descarta poner su cargo a disposición del presidente del Gobierno si Mariano Rajoy decidiera paralizar la reforma de la ley del aborto. Cualquier decisión del ministro no se producirá hasta después de que la Abogacía del Estado presente los recursos ante el Tribunal Constitucional contra le ley de consultas que aprobará el Parlament y contra el decreto de convocatoria del referéndum, asegura ABC.

Si la nueva ley para la protección del concebido y de los derechos de la mujer embarazada no llegara a aprobarse, sería «una mala noticia». Así se manifestó ayer secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, en el marco de la celebración de la VIII Semana de Pastoral en Salamanca. Ante la nueva polémica que ha generado la reforma legislativa prevista por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, Gil Tamayo subrayó que «los compromisos electorales plasmados en un programa, hay que cumplirlos para orientación de los votantes». El secretario general del Episcopado puso además de manifiesto que la elección por la vida es «una opción de humanidad» y que el proyecto de ley del aborto «tutelado por el ministro de Justicia abría puertas a un cambio sustancial de pasar de la ley de plazos a una ley de supuestos», recoge La Razón. 

La Administración va a reforzar la seguridad de los funcionarios que ocupan puestos de atención al público para atajar el número de agresiones, que se ha incrementado a lo largo de la crisis. Entre las medidas previstas por el Ministerio de Hacienda se incluyen la instalación de mamparas de protección, timbres de alarma, sistemas de detección o más cámaras, apunta El País.  

Nadie admite que la decisión de dejar de vender bebidas alcohólicas adoptada por la mayor cadena de hipermercados de Marruecos haya sido provocada por razones religiosas y el auge del islamismo, pero tampoco se oculta. El auge islamista parece estar detrás de las trabas fiscales al vino y la cerveza. La subida de impuestos adoptada por el Gobierno de Abdelilá Benkiran no ha ayudado a un sector cuya caída de venta global en los últimos seis meses, de un 18%, se ha calificado de histórica, recoge El País.  

José Ángel Gutiérrez
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