• Hablamos de cierre, porque pocas empresas quedan ya que sean privatizables.
  • Tendrá que negociar con las autonomías que, además, se niegan a que les impongan presupuestos.
  • Además, plan fiscal-policial contra el fraude y contra la economía sumergida.
  • Se vigilará el uso de tarjetas y hasta el consumo de luz.
  • Eso sí, no se tocan las cuotas empresariales, principal causa del fraude laboral.

Segundo asalto. El primer consejo de ministros del Gobierno Rajoy subió los impuestos. El segundo pretende reducir el gasto público, tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas, así como luchar contra el fraude.

Para explicar tantos asuntos económicos, en la rueda de prensa de Consejo de Ministros compareció, en solitario, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría (en la imagen). Puede unirse o no al hecho de que los titulares de Economía y Hacienda, De Guindos y Montoro, se muestren cada día más distanciados, pero el caso es que no hubo concreciones.

Poner el Estado a dieta es la reforma económica básica que precisa la eonomia española. Ahora bien, el problema es que las autonomías se niegan a que el Estado le fiscalice y le imponga un techo de gasto y de deuda. Ya lo impone ahora mismo, ciertamente, pero se incumple sistemáticamente. Se trata de una medida económica que va a topar con los nacionalismos.

Al mismo tiempo, el Gobierno pretende luchar contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida. En este segundo punto, lo mejor sería que en lugar de vigilar a las empresas redujeran los impuestos laborales, que son los que provocan trabajadores en negro, sin contrato.

Contra el fraude a Hacienda nada que objetar, especialmente si de una vez por todas se lucha contra el dinero recluido en paraísos fiscales y contra la fiscalidad del ahorro, que, a pesar de la subida, sigue siendo muy parca en España. El plan, es más que fiscal, casi policial. Pero bien orientado, nada hay que decir al respecto.

Incuso si se vigilan cuestiones como movimientos de tarjetas o consumo de energía eléctrica, aunque el rendimiento de este plan puede resultar más molesto para el ciudadano que eficaz para la recaudación.

Y, naturalmente, el Gobierno se aplicará a la eliminación de entidades y empresas públicas, una de las grandes sangrías de dinero público. Pero también aquí tendrá que contar con el apoyo de las comunidades autónomas.

Eulogio López

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