• El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de amparo de Familia y Vida, que no podrá presentarse a las elecciones
  • La historia de la crisis es la historia de la plutocracia
  • El protectorado italiano: un país de 60 millones de habitantes convertido en colonia de don Mercado Financiero
  • Indicios de criminalidad sin indiciadores o por qué la gente no cree en la justicia

El partido Familia y Vida fue creado a primeros de siglo por José Alberto Fernández, Íñigo Coello de Portugal y Rafael Llorente. Estaban hartos de que la izquierda y la derecha –lo de ésta quedó claro tras los ocho años del Aznarato- se dedicaran a destruir la vida y la familia natural, dos principios sin los que una democracia se queda en mero voto cuatrienal. Ahora bien, crear un partido político en España es tarea de titanes y de millonarios, porque impera el duopolio partitocrático: dos grandes formaciones, PSOE y PP, que no sólo se imponen a los demás sino que no les permiten participar en el juego electoral.

FyV molestó muchísimo al PP porque no dejaba de ser un recordatorio de su traición, especialmente a los no nacidos. De entrada, intentó fagocitarlo, ofreciendo cargos a sus mentores. Éstos le respondieron que de buena gana disolverían el partido si el PP cambiaba de actitud hacia lo que predicaba: defender la vida del no nacido, es decir, cumplir con los titulares de su propio programa, el del PP, digo. No pudo ser: no hay forma de casar la coherencia con la tibieza.

Con el tiempo la cosa ha ido a más. Los partidos instalados -los del Sistema, que diría el pensador político Mario Conde- decidieron que toda formación que se presentara por una circunscripción debería obtener avales del 0,1% del censo, algo sólo al alcance de quienes poseen una maquinaria engrasada, pagada por todos los españoles. Pero no hizo falta: los partidos con representación parlamentaria no necesitan avales. Es lo que se llama caciquismo legal.

FyV presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el mismo organismo que permitió a los proetarras de Bildu presentarse a las elecciones, pero el TC les ha respondido que el requisito de los avales es bonísimo, con argumentos tan lógicos como el de que se trata de "evitar la dispersión del voto entre opciones partidarias que son expresión de una misma orientación o corriente ideológica". Al parecer, el TC nos va a enseñar a todos qué familias ideológicas son afines y cuáles andan desafinadas. Todavía no pretende decirnos a quién votar pero la novedad se espera a cada instante.

Pero los fundamentos del fallo van mucho más allá: al parecer, la barrera de entrada al sistema que representan los puñeteros avales "contribuye a preservar el valor constitucional del pluralismo político". Esto ya roza la genialidad. Es decir, que cuantas menos opciones donde elegir más pluralismo democrático. Y el que quiera aprender que vaya a Salamanca.

Y la guinda: "La obtención de representación en la última convocatoria acredita que los partidos políticos que la han alcanzado gozan de un respaldo o arraigo. Existe, por tanto, un elemento diferenciador que… constituye una justificación objetiva y razonable del distinto trato que el legislador dispensa". Al parecer, el TC no ha reparado en que la UCD pasó de estar en el Gobierno a contar con 9 diputados.

No hombre no. Lo que ocurre es que lo pequeño molesta y hay que machacarlo. Los grandes partidos quieren un oligopolio, a ser posible duopolio, con dos formaciones con líderes distintos pero con un mismo ideario de fondo: lo políticamente correcto.

Lo malo es que los cristianos nos movemos con dificultad en lo políticamente correcto. Y si nos movemos ligeros… es que algo falla. Y cuando la democracia se convierte en oligopolio es que algo está a punto de fallar, Por ejemplo, la democracia.

Por cierto, en nuestra información del viernes nos pasamos de optimistas. Decíamos que, por ejemplo en Madrid, ya sólo quedaban dos opciones que defendían el derecho a la vida: Aes y SAIN. Me comunican que AES tampoco se presenta en Madrid. Sólo nos queda el izquierdista SAIN.

Así que, para quien la vida suponga un valor no negociable, nos quedan dos opciones: o el precitado SAIN o el voto en blanco.

La historia de la crisis es la historia de la plutocracia

Esta es la historia de uno de los candidatos más firmes para ocupar la Vicepresidencia económica con Mariano Rajoy.

Me reprocha mi manía por pedir que los bancos quebrados quiebren, en lugar de que todos les ayudemos a no quebrar: "Un banco no puede quebrar", es su conclusión.

Insisto en que no ocurre nada si quiebra un banco. Los ahorradores tienen asegurados 100.000 euros de liquidez (eso en España, en Alemania la totalidad). Pierden los inversores, porque la condición del inversor es intentar ganar dinero asumiendo a un riesgo… como le ocurre a cualquier emprendedor o inversor.

"Pero mi dinero es mío" –argumenta mi interlocutor-, sean más o menos de 100.000 euros. Y es que a los ricos no les preocupa el sistema, lo que les preocupa es su dinero. Y eso es lógico… siempre que no se obligue a los menesterosos a pagar a escote, sus pérdidas.

La historia de la crisis es que vivimos en plutocracia, es decir, gobiernan los ricos. Y tengo la idea de que eso no es bueno para el bien común.

El protectorado italiano: un país de 60 millones de habitantes convertido en colonia de don Mercado Financiero

La cumbre del G-20 ha llevado la plutocracia a su fin natural. A partir de ahora, Italia, país soberano, será inspeccionado y auditado cada trimestre por el Fondo Monetario Internacional. Increíble pero cierto. La era colonial era mucho más sincera. Cuando una colonia no pagaba los bonos de, pongamos el Reino Unido, la Royal Navy enviaba un acorazado con los resguardos. Pero nos hemos civilizado mucho y ahora no enviamos cañoneros, sino a un comité de expertos del FMI, algunos de los cuales sabrá que Italia es un país ubicado al sureste de Francia y bañado por el Mediterráneo. Ellos dictaminarán la política económica del Gobierno de Roma, que no será la política que cree empleo en Italia o mejore la vida de los italianos, sino la que les permita pagar sus deudas a don Mercado Financiero. El séptimo mandamiento ordena pagar las deudas, ciertamente, pero no cuando no se pueden y, sobre todo, cuando el acreedor se ha dedicado a extorsionar a un Estado soberano.

Indicios de criminalidad sin indiciadores o por qué la gente no cree en la justicia

Los españoles no confían en la justicia. ¿Por qué será? A fin de cuentas, el problema de la Administración de Justicia no es su politización sino su demencia. No quisiera incurrir en desacato pero yo diría que algunos jueces precisan de ese algo indefinible llamado sentido común. Indefinible, sí, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Digamos que los jueces no están locos pero sí estresados.

Dicen los magistrados de la Audiencia Nacional que el juez instructor, su colega Pablo Ruz, ha realizado un pésimo trabajo con el Caso Faisán, o chivatazo a proetarras por parte de policías españoles para que no les trincara la policía francesa. Siendo entonces ministro del Interior, aunque recién nombrado, Alfredo Pérez Rubalcaba y secretario de Estado su mano derecha y actual rector del Departamento, Antonio Camacho.

Pero dejemos la pugna política y vayamos a la sentencia. Los colegas de Ruz achacan "graves defectos" en su instrucción porque, aunque reconocen que "existen claros indicios de criminalidad" y en que existió chivatazo resulta que no hay base para acusar a los policías. Es decir, que hay indicios pero no hay indiciadores.

Ni que decir tiene que tres policías dedicados a luchar contra ETA no facilitan las cosas a proetarras, a sus enemigos, si no es porque alguien les ha ordenado que lo hagan. Pero ya ven por dónde: hay delito, hay causas y consecuencias, todo apunta hacia unos culpables, pero todo ello resulta claramente insuficiente para la Audiencia.

Y todo esto me recuerda el viejo cuento del irlandés acusado por un testigo que afirmaba haberle visto cometer un asesinato. A lo que el imputado respondió que él podía presentar a mil testigos que no le habían visto cometerlo.

Les cuento otra historia de lógica judicial: el caso Aerolíneas Argentinas. Siete años de instrucción dictaminan, según la Fiscalía y según el instructor, que el dinero público español empleado en el reflotamiento de la compañía, al menos en parte, no llegó a su destino. La Fiscalía Anticorrupción acusó a los propietarios de Marsans, Gonzalo pascual y Gerardo Díaz Ferrán de tres delitos: Desvío de fondos públicos, falsedad en documento mercantil y delito fiscal. Sin embargo, miren por dónde, el juez decide que sí hay delito fiscal, pero no malversación. Ahora bien, si no ha habido desvío, ¿Cómo va a haber delito fiscal o impago al Fisco de su parte correspondiente en el dinero desviado?

Es la lógica judicial y yo me siento totalmente incompetente para descifrarla.

Eulogio López

[email protected]