"No están cumpliendo con su obligación de protegerlos, especialmente a las mujeres reunidas en la plaza Tahir del Cairo, atacadas por bandas criminales", afirma la Alta Comisionada para los Derechos HumanosEl caos se apodera de Egipto tras el estado de emergencia y el toque de queda declarado por el presidente egipcio Mohamed Mursi en tres provincias del Canal de Suez, en las que el fin de semana se produjeron revueltas que dejaron más de 50 muertos.

Los manifestantes se quejan de las políticas islamistas instauradas por los Hermanos Musulmanes, que suponen en la práctica la pérdida de las mismas libertades que le reclamaban al anterior dictador, Hosni Mubarak.

El hecho es que Mohamed Mursi prometió -con gritos- en un discurso televisado del domingo por la noche que no dudaría en, incluso, realizar más acciones para finiquitar el más reciente brote de violencia en todo el país. Pero al mismo tiempo, buscó asegurar a los egipcios que sus más recientes acciones no devolverá al país al autoritarismo. Cosa que no se crea nadie, porque cada vez controla más instituciones estatales.

Por ejemplo, la Cámara alta del Parlamento egipcio aprobó el proyecto de ley presentado por el gobierno, por el que se autoriza al Ejército a velar por la seguridad en el país y detener a civiles, informó la agencia estatal de noticias Mena.Según la nueva ley, las fuerzas armadas pueden arrestar a civiles y remitir las denuncias a la Fiscalía para que sean juzgados por tribunales civiles.

Mientras, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, condenó el "uso extremo de la fuerza" ejercido por las fuerzas de seguridad egipcias en la represión de las protestas civiles de los últimos días. Además, "no están cumpliendo con su obligación de protegerlos, especialmente a las mujeres reunidas en la plaza Tahir del Cairo, atacadas por bandas criminales". El portavoz explicó que los informes indican que al menos 25 mujeres fueron "atacadas sexualmente con una violencia extrema" mientras protestaban en la céntrica plaza Tahir.

Asimismo, Pillay recordó a las autoridades egipcias que el establecimiento del estado de emergencia no implica que el Estado no esté obligado a proteger los derechos humanos y fundamentales de sus ciudadanos.

"El toque de queda y el estado de emergencia debe estar conforme con la ley, debería ser supervisado por el poder judicial, los derechos humanos deberían ser protegidos y esperamos que se limite a los 30 días anunciados", dijo.

"El estado de emergencia no implica que se pueda privar la vida, que se pueda torturar, que se puedan aplicar tratamiento degradante o humillante y las leyes fundamentales tienen que seguir reinando", agregó Colville.

Si la siempre políticamente correcta ONU se atreve a exigir a un Gobierno islamista que respete los derechos humanos es que las cosas no están muy bien en Egipto...

Andrés Velázquez
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