Esta es la historia de un madrileño que cometió el terrible horror de hablar por móvil mientras conducía. Dado el Gran Hermano de cámaras ocultas en la que hemos convertido Occidente (un poco menos guarro que el Gran Hermano de Mercedes Milá pero sólo un poco) fue multado con 200 euros y tres puntos del carné.

Pero cuál sería su sorpresa cuando los eficientes funcionarios de la alcaldesa de Madrid, doña Ana Botella (en la imagen), le hacen llegar un segundo comunicado en el que le multan por segunda vez, esta vez con 600 euros por, ojo al dato, "incumplimiento de la obligación de identificar en tiempo y forma al conductor irresponsable de infracción grave". Es decir, por no delatarse a sí mismo.

Naturalmente, en el envío no informan ni a qué infracción se refiere, ni dónde ocurrió ni nada por el estilo. Eso sí, le ofrecen cuatro formas electrónicas distintas a través de las cuales abonar la multa. Para pagar, rápido y sencillo.

Sin embargo, si pretende alegar, tiene que ir a una dirección perdida en el Este de Madrid (Calle Albarracín, para ser exactos) o enviar un correo postal certificado al que, naturalmente, no se le hará el menor caso. Además, ¿qué vas a alegar si no sabes ni sobre qué alegas

Total, ¿para qué Doña Ana Botella, como cualquier alcalde de España, tiene a mano a Hacienda o la Seguridad Social, con capacidad para embargar tu cuenta corriente sin previo aviso: así que si no pagas te meten la mano en la cuenta y hemos terminado.

¡Ah! Y no se le ocurra llamar porque entonces el funcionario de doña Ana, muy satisfecho de saber que te tiene en sus manos, se reirá de ti con gran entusiasmo.

No me extraña que la señora alcaldesa deba circular con escolta permanente para evitar que algún ciudadano extorsionado por el Ayuntamiento le diga un par de cositas.

Y ni sueñe usted con votar al PSOE para fastidiar a Ana Botella. Un alcalde del PSOE hará lo mismo que la alcaldesa popular.

La Dirección General de Tráfico y los ayuntamientos han convertido el tráfico en un infierno para el administrado -también llamado ciudadano, vulgo pueblo-. No hay manera de cumplir la profusión de normas, muchas de ellas estúpidas. Por ejemplo, he visitado Oviedo y me la encuentro convertida en una red de calle en muchas de la cuales, también en cuesta, no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora, velocidad que puede coger cualquier automóvil en primera, y no te digo si es cuesta abajo.

Por otra parte, la profusión de redes y la posibilidad de que cualquier administración te pueda embargar la cuenta sin previo aviso, han creado una barrera entre administradores y administrados. No importa qué partido gobierne en Moncloa, en una comunidad autónoma o en un municipio. En eso no hay diferencias ideológicas: toda la clase política se lucra de esta conminación permanente al ciudadano. Todas las formaciones políticas están unidas contra el administrado. Así se gesta la rebelión del pueblo.

No digo que los tontainas del 15-M tengan razón, digo que la injusticia genera rabia y la impotencia ante la injusticia puede convertir en violento al más pacífico.

Conclusión: ante la prepotencia de la Administración sólo queda recurrir a los recurre-multas. Con esto conseguimos judicializar la sociedad y multiplicar los conflictos administrativos. ¿No es maravilloso

Y hablando de tráfico: la persecución al conductor se está convirtiendo en motivo de accidentes, con unos conductores pendientes de cumplir unas normas incumplibles, una tensión que estoy seguro provoca también un buen número de accidentes. Por lo general, los políticos no sufren esa tensión: las sufren sus choferes.

Eulogio López

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