"El decreto ley del pasado sábado 14 modifica 26 leyes". Lo ha dicho Soraya Rodríguez y esto es bello e instructivo pues nos descubre -¡loada sea la investigación científica- que hasta la portavoz parlamentaria del PSOE, doña Soraya Rodríguez Ramos, puede decir algo que merezca la pena escuchar.

Y es que el Gobierno Rajoy se ha especializado en decretos ómnibus, de gran relevancia, es decir, de gran poder (¿O acaso hemos olvidado que el BOE tiene carácter coercitivo). Lo hace, además, por la vía jurídica del decreto-ley, reservado a trámites de urgencia, pero resulta que es el propio Gobierno quien decide cuándo es necesaria esa urgencia. Y, al parecer, lo es siempre.   

Un decreto ley ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, que se evita el siempre engorroso trámite de enmiendas. La labor de los diputados se remite a votar, y como el PP tiene mayoría, aquí paz y después gloria.

La fórmula tiene más justificación cuando un Gobierno llega al poder y se supone debe deshacer los errores del anterior, pero cuando queda poco más de un año de legislatura, hombre, parece mucho: ¿hasta ahora no se habían percatado de la urgencia de las medidas

En cualquier caso, el decreto-ley no es la mejor manera de fomentar el parlamentarismo y la división de poderes. Vamos, digo yo.

Eulogio López

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