La secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal ha puesto la temperatura a la que el resto de comunidades deberán colocarse una vez que el PP llegue al poder -si lo hace- tras el 20-N.
El camino parece claro: drásticos recortes de gastos y ahorro. Esa es más o menos la línea emprendida también por CiU en Cataluña y que la mayoría de las comunidades autónomas que cambiaron de manos tras las elecciones del 22-M está siguiendo actualmente.
Cospedal ha anunciado que pretende recortar en un 20% el Presupuesto de la comunidad castellano-manchega, de manera que se ahorren más de 1.800 millones de euros (evitando gastos e ingresando más). Para lograrlo, ha anunciado un paquete de medidas, entre las que se incluyen la venta de inmuebles sin uso, la venta de acciones que tiene la Junta en sociedades privadas o la venta de vehículos de propiedad pública.
Para alcanzar estas cifras, también se eliminarán algunos departamentos de la administración pública como la Oficina de la Junta en Bruselas y el Defensor del Pueblo, entre otros.
También pretende ahorrar dinero reduciendo gastos de personal y uno de los principales capítulos será la eliminación de cierto número de liberados sindicales, que se reducirán a un poco más de un tercio de los 785 actuales.
Con estos ajustes, Cospedal quiere cumplir con el déficit público marcado por el Gobierno para el 31 de diciembre que es del 1,3%, y que a finales del mes de junio estaba en el 4,9%. No se sabe si lo cumplirá o no, pero ella ya está marcando el camino que emprenderá Mariano Rajoy y el PP si llegan a la Moncloa.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
