• Las personas jurídicas no podrán hacer donaciones a los partidos. Ya las hace el erario público.
  • Y los altos cargos públicos tendrán que hacer más papeles… y nada más.
  • Por lo que respeta al Gobierno corporativo, los accionistas aprobarán los salarios de los administradores, pero no de los directivos.
  • Fomento separa el ADIF bueno del malo para privatizar el AVE. ¿Es necesario La verdad es que a la ministra Pastor se le atragantan las privatizaciones.
  • Y las relaciones de la portavoz Soraya con los periodistas, de mal en peor: ella les desprecia y ellos le repudian.

Tiempos de regeneración democrática, oh sí. Pública y privada. Empecemos por el Estado. El Consejo de Ministros del viernes 13 –ningún virus en Moncloa- aprobó dos anteproyectos sobre financiación de partidos y sobre las obligaciones de los altos cargos de la Administración General del Estado. Lo más importante del primero es que los partidos políticos no podrán recibir donaciones de personas jurídicas –empresas, para entendernos-. Nada se dice de las donaciones de empresas físicas pero, sobre todo, el anteproyecto elude la cuestión más relevante: las generosas 'donaciones públicas', es decir, las subvenciones que, con nuestros impuestos los políticos se conceden a sí mismos. Al parecer, su interesante supresión no la contempla ni la izquierda ni la derecha.

Otra norma: el código de buen Gobierno corporativo empresarial se eleva ahora a norma legal y comienza su recorrido parlamentario. Lo más relevante: los consejeros tendrán que ver aprobado sus retribuciones cada tres años. Bueno, sus retribuciones máximas. Eso sí, por el momento, no se da el salto final: exigir que sean los propietarios los que aprueben también el sueldo de los directivos, al menos de los miembros del Comité de Dirección, cuyas retribuciones son tantas veces más escandalosos que las de los administradores. Pero marcha por el buen camino.

Más acuerdos del Consejo. Comparece la ministra Ana Pastor (en la imagen junto a Soraya Sáenz de Santamaría), a la que se le atragantan las privatizaciones (AENA o RENFE) tanto como las nacionalizaciones: ENA-2.

Nos informa de que va a segregar el ADIF bueno del ADIF malo. Es decir, el ADIF que gestiona las vías de alta velocidad o de altas prestaciones –y que ha invertido 32.000 millones de euros- del ADIF malo, el de la vías convencionales y de cercanías.

¿Y para qué Pues para que el ADIF malo viva del Estado y el bueno de los futuros operadores privados que circulen sobre él. En otras palabras, para poder privatizar RENFE hay que segregar ADIF. Y esa es la pregunta: ¿Realmente hay que segregar ADIF y privatizar RENFE ¿Realmente hay que privatizar AENA Sí, hay que nacionalizar las radiales en quiebra, pero eso sólo porque el Estado tendría que hacer fuertes a fortísimas indemnizaciones. Sólo por eso, que conste. Es decir, que lo urgente es modificar la ley que le obliga a pagar esas indemnizaciones.

Y una cuestión de orden interno, periodístico, pero muy ilustrativa. Gran bronca entre la vicepresidenta portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, y la prensa, a costa de quién bebe decidir qué periodista y qué preguntas se formulan en las ruedas de prensa de Mariano Rajoy con algún mandatario extranjero. El Gobierno ha decidido que sea el Gobierno, aprovechando antiguas broncas entre medios sobre quién debería actuar como portavoz del colectivo canalleril. El caso es de lo menos importante, por más que los especialistas en Moncloa se lo reprocharan con ganas a la portavoz.

Pero lo más ilustrativo es otra cosa. Lo más ilustrativo es que las relaciones entre el Gobierno y la prensa que sigue la información de Moncloa no dejan de enfriarse. Soraya desprecia a los plumillas y éstos repudian su pedantería y ese parecido que está adquiriendo a sus predecesores Teresa Fernández de la Vega o Rubalcaba, otro de los convencidos de que la buena retórica encubre la miseria dialéctica.

Pero esto tiene poco de regeneración democrática. Ni tan siquiera en pequeñas dosis.

Eulogio López

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