• Con ello se precipitará el proceso para crear una empresa pública que gestione las autopistas en dificultades.
  • Hablamos de las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4 y R-5, la autopista al aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña–La Roda y la Cartagena–Vera, además de la mencionada AP-41.
  • Las empresas rechazan la propuesta de Fomento de participar un 20% en la empresa pública.
  • Las posiciones entre Gobierno y empresas continúan muy alejadas, y el tiempo se acaba.

En teoría, el Gobierno tiene prisa por solucionar el problema de las autopistas que atraviesan graves dificultades económicas, porque de no hacerlo, y en caso de que quiebren, la Responsabilidad Patrimonial del Estado irá al déficit público. Actualmente, la deuda conjunta de la AP-41, la AP-36, las 'erres' 3,4 y 5, y la que une Cartagena y Vera asciende a unos 5.000 millones de euros.

Por eso, el hecho de que la autopista Madrid-Toledo vaya a quebrar a finales de este mes de abril debería acelerar el proceso para crear una empresa pública que gestione estas infraestructuras.

El problema es que las posturas están todavía muy alejadas y las negociaciones no se están desarrollando a un ritmo que augure un final feliz. La ministra de Fomento, Ana Pastor (en la imagen), ha propuesto a las empresas participar con un 20% en la empresa pública -el Ejecutivo tendría el 80% restante-, extremo que las compañías no están dispuestas a admitir, y menos teniendo en cuenta que la propuesta del Ejecutivo implica una solución global a todas las infraestructuras, no una salida concreta para cada una de ellas. El razonamiento de las compañías es sencillo: ¿Por qué, además de mis deudas, tengo que cargar con las de las otras autopistas

En definitiva: las concesionarias pretenden que el reparto en la empresa pública sea más parecido a un 49%-51% (empresas y Estado respectivamente).

Y mientras, la banca acreedora apoya la propuesta de la ministra Pastor. No en vano, las entidades cambiarían una deuda privada -la que mantienen con las empresas- por una pública con la garantía del Estado.

Las posturas, como se ve, continúan muy alejadas y el reloj sigue avanzando. Lo que suceda con la AP-41 marcará, sin duda, el futuro del sector.

Pablo Ferrer

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