Ante el anteproyecto de la Ley de Igualdad de Trato, que establece en su artículo 16.2 que en ningún caso, los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón alguna de las causas establecidas en esta Ley, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública, CONCAPA manifiesta que:

 

1.- La medida propuesta por la ministra de Sanidad e Igualdad no se entiende sin intervención del Ministerio de Educación, máximo organismo para la educación española y la concesión de conciertos. Si esto va a ser lo habitual -es la tercera ocasión en la que el Gobierno utiliza a otros ministerios para modificar aspectos del sistema educativo- nos encontramos con el ninguneo de la comunidad educativa, especialmente de los padres, a quienes no se tiene en cuenta en algo tan trascendente como la educación que recibirán sus hijos.

2.- Una discriminación que no se contempla en la ley y que, sin embargo, es flagrante es el diferente trato recibido por los alumnos de la escuela pública y la concertada, puesto que los primeros reciben muchos más medios y dotaciones económicas, técnicas y profesionales. Si realmente se persigue una igualdad de trato, debería empezarse con esta cuestión o con que todos los alumnos tengan acceso a la gratuidad del Bachillerato y la Formación Profesional.

3.- La pluralidad educativa permite una efectiva igualdad de oportunidades, por lo que modelos como el de la educación diferenciada son una opción pedagógica perfectamente legítima y amparada por nuestra Constitución (art. 27), los Tratados Internacionales y la Jurisprudencia, y que los padres demandamos en bien de la necesaria pluralidad de centros. De hecho, en algunos países como Estados Unidos o Reino Unido, se incluyen colegios

públicos diferenciados.

4.- No se puede privar a las familias de su Derecho Fundamental a la gratuidad de la enseñanza por el hecho de elegir un tipo determinado de educación, en lugar de apoyar la pluralidad de opciones educativas, porque en ese caso se perjudica a las familias más humildes que, al no existir escuelas públicas diferenciadas pierden el derecho a escolarizar a sus hijos en un modelo educativo legítimo.

5.- Cuando existen problemas tan graves en la educación como el fracaso y el abandono escolar, no se entiende que el Gobierno trate de desviar la atención con temas como este en lugar de superar su prolongada ineficiencia en este campo.

6.- CONCAPA respeta y apoya sin distinciones el máximo pluralismo educativo, con la seguridad de que ello redunda en una mayor libertad de enseñanza y contribuye a superar el fracaso escolar que distingue hoy a nuestro país en toda Europa.

7.- Finalmente, estamos convencidos de que estos planteamientos obedecen a consignas ideológicas que en nada contribuyen a mejorar la educación y ante las cuales las familias no vamos a tolerar mayor pérdida de nuestros derechos.