• El CGE aprueba el dictamen sobre la constitucionalidad de la futura Ley de Consultas, con cuatro votos particulares de nueve.
  • El órgano consultivo es una proyección de los partidos: las discrepancias vienen de los consejeros propuestos por el PSC, ICV y PP.
  • Argumenta que la consulta no choca con el Estatut ni con la Constitución, siempre que se "transmita democráticamente".
  • Pero nada ha cambiado: los puentes entre la Generalitat y la Moncloa se han roto.
  • La última palabra de Rajoy a Mas es nítida: o renuncia al referéndum o no habrá concesiones económicas.
  • Llegarán nuevos recortes, siempre impopulares, porque la economía catalana amenaza ruina.
  • Y además, quién dice que después de un 'caso Pujol' no puede llegar un 'caso Mas'.

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ya se ha pronunciado, como querían la mayoría de los partidos, y ha avalado la constitucionalidad de la nueva Ley de Consultas que el Parlamento catalán tiene previsto aprobar en septiembre. Ha sido por la mínima (con cuatro votos particulares de los nueve miembros). Es un paso más sin apenas trascendencia: los partidarios de la consulta seguirán adelante con ella, hasta donde lleguen (lo han dejado muy claro estos días CiU y ERC), y los que opinan lo contrario, también. Ese órgano consultivo, hay que decirlo también, no es más que una proyección de los partidos catalanes. De hecho, los votos particulares provienen los consejeros propuestos por el PSC, ICV y PP.  Más importante que lo que decida el CGE es la realidad de que los puentes entre la Generalitat y la Moncloa se han roto y que el ultimátum de Mariano Rajoy a Artur Mas es que renuncie al referéndum o no habrá concesiones económicas.

En esencia, lo que dice el dictamen es que la ley no choca con el Estatut, que prevé "instrumentos de democracia participativa" y que se puede defender la legalidad del  referéndum, como si fuera una encuesta, porque debe entenderse como una consulta popular. También señala que no choca con la Carta Magna porque en ella no hay cuestiones prohibidas para la opinión de los ciudadanos, siempre "que se formulen y se transmitan democráticamente y de acuerdo con los procedimientos y los límites establecidos".

Pero el problema no está en tramitación de la Ley de Consultas por el Parlament y la cuestionada legalidad de un referéndum independentista -sobre el que decidirá el Tribunal Constitucional, algo que deja en anécdota el dictamen de un órgano consultivo-, sino lo que subyace en todo ese desafío (debate al que se ha unido 'inesperadamente', el 'pufo fiscal' de Jordi Pujol). Hispanidad lo ha explicado esta misma semana.

El argumento del Gobierno es sencillo: ¿para qué hacer concesiones a los soberanistas si no servirán para que renuncien a su referéndum Es mucho más práctico que pueda haber también un 'caso Mas' después de un 'caso Pujol', algo que nadie prueba ni desmiente. Por eso el presidente catalán vive el vértigo de la inmolación, aunque esa inmolación pueda acabar en un juzgado por fraude…  Y a eso añádase que la economía catalana amenaza ruina y que Mas tendrá que poner en marcha nuevos recortes, por muy impopulares que sean. Ese es balance del proceso secesionista, lamentable, pero entre Rajoy y Mas saldrá más favorecido el primero.

Andrés Velázquez

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