- Botín dice que hacía falta capitalizar Bankia para evitar el rescate de España
- La Audiencia Nacional amplía el 'caso Bankia' para poder investigar las preferentes
- Eroski, ACS, Abengoa y Portland refinancian más de 7.000 millones
- OHL se sube al metro de Doha en catar por 1.100 millones
- Codere piensa dar entrada al capital riesgo para financiar su deuda
- El alza fiscal al carburante que pide Bruselas elevaría un 7,5% su precio
- Enresa pagará más de 150 millones por los residuos de Vandellós
- Las eléctricas españolas, más rentables que sus competidoras
- Las llamadas europeas costarán lo mismo que las nacionales en un año
- La banca teme nuevas exigencias de provisiones
- Los sueldos caen por primera vez en el conjunto del sector privado
- Las pensiones bajarán al ritmo que suba la esperanza de vida
- El déficit alcanzará este año el 6%, menor al pactado en la UE
- Rajoy y Rubalcaba trabajan en su primer gran acuerdo político
- El PSOE quiere blindar en la Constitución las competencias exclusivas de las autonomías
- Gobierno y CGPJ designarán a sus magistrados del TC el próximo viernes
- Magdalena Álvarez contrató durante su ministerio el doble que en todos los mandatos del PP
- Revilla ocultó 202 millones en facturas impagadas
- La Cámara de Cuentas halla más sobrecostes en contratos de Tomás Gómez en Parla
- El acoso a Santamaría fue un delito por vulnerar su intimidad, dice el fiscal
- Rafael Vera afirma que no habría habido GAL "si Francia hubiera colaborado"
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, pactaron una iniciativa común con medidas para el crecimiento, la gobernanza de la zona euro, el empleo y la estimulación de la competitividad, y que someterán al resto de sus socios en el Consejo Europeo del 27 y 28 de junio. Ambos líderes prometieron mejorar el acceso de las pymes a los créditos del BEI para beneficiar a los países más afectados por la crisis y la "movilización" de todas las políticas e instrumentos al servicio del crecimiento y el empleo. Apuntaron que en la cumbre se acordará un nuevo calendario para la unión bancaria sin tocar los tratados, y se mostraron de acuerdo en crear un Gobierno para la eurozona, con un presidente a tiempo completo, con recursos propios y más reuniones.

Y más Europa. Las recomendaciones realizadas el miércoles por la Comisión Europea a cinco países, entre ellos España, sobre las reformas estructurales pendientes "deben reflejarse en consecuentes decisiones de política económica" y contienen "un alto grado de obligatoriedad", según advirtió ayer en un comunicado el ministro de Economía alemán, Philipp Rösler, de Alemania, que es quien manda, para entendernos. También desde Bruselas se recordó que las recomendaciones se convertirán en obligatorias una vez que sean aprobadas en el Ecofin, probablemente el 21 de junio.

Aquí, en España, el PIB de la economía española cayó un 0,5% entre enero y marzo, según los datos de Contabilidad Nacional publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tres décimas menos que en el trimestre anterior. En términos interanuales, la caída es del 2%. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez-Latorre, destacó que "el ritmo de caída de la actividad se ha moderado, al igual que ha pasado en la eurozona" y confió en una mejora a lo largo del año "hasta alcanzar tasas positivas en el último trimestre del ejercicio".

Aunque la noticia del día es que un consejo independiente y no una agencia estatal velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, mientras que las sanciones a los cargos públicos que no respondan a los principios éticos y de buen gobierno ya no las impondrá el Ministerio de Administraciones Públicas, como estaba previsto en un principio, sino la autoridad fiscal independiente, creada recientemente por el Gobierno. Estas dos modificaciones llevaron a CiU y a PNV a retirar sus enmiendas a la totalidad del proyecto. Después de casi tres horas de debate con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, defendiendo la iniciativa del Gobierno, las enmiendas de Izquierda Plural, UPyD y cuatro formaciones del Grupo Mixto (ERC, BNG, Compromís-Equo y Amaiur) fueron rechazadas.

Así las cosas, hace un año y medio, Spanair dejó de operar. El gran sueño del nacionalismo catalán de crear una aerolínea de bandera –por supuesto, con dinero público– se estrellaba contra la tozudez de los negocios. La compañía dejaba en la estacada a 300.000 pasajeros con el billete en la mano y a más de 2.500 trabajadores. Pero aún hay más: la extinta compañía dejó un agujero de más de 500 millones que difícilmente se van a recuperar. Barcelona tenía que ser como Fráncfort, París o Londres. El aeropuerto de El Prat debía de competir en millones de pasajeros y de conexiones intercontinentales con los grandes «hubs» europeos. Para ello, las administraciones catalanas pusieron todo su empeño –y cientos de millones– en convertir a Spanair en una especia de «Air Catalonia» a imagen y semejanza de Lufthansa para Alemania, o British Airways para Inglaterra. Con esa idea comenzó el goteo de inversiones que ni las voces de economistas ni la crisis en ciernes evitaron. Entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, enterraron en Spanair la friolera de 218 millones de euros, destaca La Razón.

Botín dice que hacía falta capitalizar Bankia para evitar el rescate de España. Dijo en la Audiencia que "era absolutamente necesario" atajar la crisis. "Hacía falta una actuación rapidísima y poner mucho dinero" para Bankia. González se mostró crítico con la gestión de la crisis de Bankia por parte de Fernández Ordóñez, destaca Expansión.

La Audiencia Nacional amplía el 'caso Bankia' para poder investigar las preferentes, apunta El Economista.  

Eroski, ACS, Abengoa y Portland refinancian más de 7.000 millones, informa Expansión.  

OHL se sube al metro de Doha en catar por 1.100 millones. Su consorcio construirá dos de las estaciones, afirma El Economista.

Codere piensa dar entrada al capital riesgo para financiar su deuda, apunta El Economista.

España, el país con más margen para gravar los carburantes, asegura Cinco Días. El alza fiscal al carburante que pide Bruselas elevaría un 7,5% su precio.

El pasado febrero, Enresa firmó un nuevo convenio con Areva sobre los residuos radiactivos de Vandellós I que custodia el coloso francés desde el accidente de la central de Tarragona a finales de los años ochenta. El nuevo contrato establece "un intercambio de residuos", que se traduce en una reducción del 25% del volumen a repatriar y de su radiactividad. Todo ello costará a Enresa más de 150 millones de euros, según indican a Cinco Días fuentes empresariales.  

Las eléctricas españolas, más rentables que sus competidoras. El margen de beneficio de las compañías se sitúa en torno al 6% de las ventas, frente al 2,6% en sus homólogas europeas, dice El Economista.  

Las llamadas europeas costarán lo mismo que las nacionales en un año. Propuesta de la vicepresidenta e la UE, recoge El Economista.

La visita de la troika a España ha revolucionado de nuevo al sector financiero. Las reuniones que han mantenido los conocidos como hombres de negro con los representantes de las distintas entidades financieras del país han vuelto a poner sobre la mesa el problema de la alta morosidad existente en el sector. La banca teme una nueva vuelta de tuerca a las provisiones, no solo para los créditos refinanciados, sino también para disipar todas las dudas que hay en el mercado sobre la salud de los activos inmobiliarios, ya que consideran que aún no están provisionados al 100%. Además, los bancos creen que con la supervisión única en 2014 las provisiones subestándar, que no existen en el resto de Europa, se suplirán por otras más duras. Fuentes de Economía aseguran a Cinco Días que, "de momento", no hay nada sobre nuevas exigencias.  

La reforma laboral del PP abarató el despido y dio más poder a las empresas en la negociación de convenios. Los expertos advirtieron al Gobierno de las consecuencias de aplicar estos cambios legales en plena recesión. El resultado es que el ajuste salarial no ha evitado la destrucción de empleo —se ha perdido casi un millón de puestos de trabajo más—. Y que los sueldos no dejan de ceder terreno: en el primer trimestre, la remuneración por asalariado descendió un 0,6% respecto al mismo periodo de 2012, recoge El País.

El documento sobre la reforma de las pensiones encargado por el Gobierno a un grupo de expertos indica que las pensiones bajarán a medida que aumente la esperanza de vida. Su cálculo se haría mediante una fórmula que garantice la llamada "equidad intergeneracional", de manera que los pensionistas futuros no reciban más que los actuales, aunque vivan más. Es decir, se restará la edad de jubilación a la esperanza de vida estimada para la población. Además las pensiones irán perdiendo poder adquisitivo hasta que los ingresos de la Seguridad Social vuelvan a superar a los gastos. Su cálculo ya no se vinculará al IPC, sino que se actualizará mediante una fórmula que será el resultado de los ingresos de la Seguridad Social dividido entre los gastos, a la que se aplicará un coeficiente corrector, afirma El Mundo.

El déficit alcanzará este año el 6%, menor al pactado en la UE. El grupo de expertos ve posible crecimiento a final de año y pide más reformas, asegura El Economista.  

El clima político del país se mueve por primera vez en toda la legislatura en la dirección para lograr acuerdos entre los principales partidos. A falta de concreción, en las próximas semanas, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición han quedado en verse para cerrar un pacto sobre política económica y Europa y ayer el Ejecutivo y el PSOE dejaron patentes en el Congreso su voluntad de consensuar la ley de Transparencia, una de las normas más emblemáticas de este mandato. Rajoy y Rubalcaba acuerdan verse en breve también para buscar un pacto sobre Europa, afirma El País.

España seguirá siendo España; ninguna Comunidad Autónoma será nación; no habrá asimetrías ni privilegios, ni competencias para consulta territoriales, sino una «inequívoca voluntad igualitaria» que rechaza cualquier trato desigual. Son las líneas generales de la enésima propuesta de revisión del modelo de Estado que Alfredo Pérez Rubalcaba ha trasladado a los barones del PSOE para su aprobación el Consejo Territorial del próximo 7 de julio. El texto se plantea como un modelo federalizante «cooperativo y pluralista», pero huye de las ínfulas del federalismo maximalista del PSC, salvo en lo que respecta a la sustitución del Senado por una Cámara territorial y los mecanismo de cooperación. Plantea eso sí una ambiciosa revisión de la Constitución de 1978 para que las comunidades tengan competencias «exclusivas», para que el reparto de los ingresos tributarios entre Autonomías y Gobierno central lo fije la Carta Magna o se añadan hechos diferenciales recogidos por las Estatutos ya vigentes o los que la práctica política ha venido estableciendo –como el caso de Andalucía, única comunidad que accesió a la autonomía por el artículo 151.1 de nuestra ley de leyes–, cuenta La Razón.

El Gobierno agotará el plazo para la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que debe designar para sustituir a Pablo Pérez-Tremps y Manuel Aragón, cuyo mandato vence el próximo 9 de junio, al igual que el de los actuales presidente y vicepresidente, Pascual Sala y Ramón Rodríguez Arribas, respectivamente. En este sentido, fuentes próximas al Ejecutivo señalaron a LA RAZÓN que sus nombramientos los realizará en el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el día 7 de junio. 

Sacyr Vallehermoso, FCC Construcción, Grupo Azvi, Constructora Hispánica, Aldesa, Sando y Rubau, constructoras imputadas en la pieza separada de Gürtel que investiga la supuesta contabilidad paralela de Luis Bárcenas, recibieron obras y servicios del Ministerio de Fomento con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por un total de 12.000 millones, frente a los 4.202 millones que obtuvieron durante la etapa de la presidencia de José María Aznar. En la etapa en la que estaba al frente de Fomento Magdalena Álvarez dichas empresas multiplicaron por dos el importe de las contrataciones del Ministerio respecto a los ocho años anteriores, con un total de 7.867 millones, publica ABC.

Revilla ocultó 202 millones en facturas impagadas. Llegó a crear cuatro filiales para hacer lo mismo que la matriz, señala ABC.

La Cámara de Cuentas halla más sobrecostes en contratos de Tomás Gómez en Parla, apunta ABC.  

El escrache a la casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue un "ilegítimo e ilegal" ejercicio del derecho de reunión, que "nunca puede prevalecer frente a otro derecho constitucionalmente reconocido", el de la intimidad personal, según sostiene la Fiscalía en un recurso contra el archivo de la causa. El Ministerio Público apunta que hubo una "injustificada injerencia" en su intimidad personal y familiar para "tratar de presionar e influir en la voluntad de un miembro del Congreso, y del Gobierno". Para el fiscal, la presencia ante la vivienda de la vicepresidenta de "una multitud de personas que actúan fuera de la norma y se dedican a increpar y proferir proclamas para tratar de lograr por vía de hecho sus fines es una evidente violencia moral con alcance intimidatorio", según El Mundo.

Rafael Vera afirma que no habría habido GAL "si Francia hubiera colaborado", publica La Gaceta.

Irán teje su red terrorista en Suramérica. Parece un guión sacado de una producción de Hollywood, una historia de espías durante la Guerra Fría, pero la realidad supera la ficción. Así lo demuestra un extenso y durísimo dictamen presentado por el fiscal general de la causa de la AMIA, el brutal atentado que terminó con la vida de 85 miembros de la comunidad judía e hirió a otros 300 en julio de 1994. En este informe se acusa al régimen iraní de haber armado una red terrorista en Suramérica con el objetivo de cometer atentados en diversos países de la región, y se advierte de que la amenaza sigue latente. Según las pruebas con que cuenta Alberto Nisman, Irán infiltró a sus agentes en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam, llamadas en la causa «estaciones de espionaje» que operarían en esos países bajo órdenes de Teherán. Según el dictamen al que tuvo acceso LA RAZÓN, el régimen buscaba «instalar allí –en los países nombrados– estaciones destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas, en consonancia con sus postulados de exportación de la revolución».

José Ángel Gutiérrez
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