• Un anestesista declara que firmó algunos informes médicos previos hasta un mes después de practicar el aborto.
  • En el caso de un anestesista cubano, Morín se aprovechó de su condición de inmigrante para no hacerle contrato y pagarle con alojamiento.
  • Además, se traspapelaban informes de un centro a otro.
  • Hasta ahora, ninguno de los acusados ha podido confirmar la presencia de psicólogos en las clínicas mientras se practicaban abortos.

Segunda semana del caso Morín. De las declaraciones de los dos anestesistas, Agustín Castrillo y del doctor Ávila se desprende que Carlos Morín (en la imagen), además de abortero, es un auténtico chapucero.

El primero en declarar ha sido Castrillo que, entre otras cosas, ha admitido que en alguna ocasión se le olvidó firmar el informe previo a la intervención, y que un mes después lo hacía a instancias de alguna enfermera que se lo recordaba.

También ha asegurado que escanearon su firma para utilizarla sin su consentimiento en algunos documentos de abortos en los que no participó. Castrillo ha afirmado, asimismo, que en los impresos de anestesia que firmaba no figuraba el nombre del médico que iba a practicar el aborto. Hay que tener en cuenta que el informe del anestesista es el último paso antes de la intervención.

Pero quizá haya sido más llamativa la declaración del doctor Ávila, de origen cubano, que llegó a nuestro país sin tener homologado el título de anestesista. De hecho, comenzó a trabajar sin contrato en las clínicas del abortero Morín: T.C.B y Ginemedex. Es más, en 2005 le homologaron su título de médico, y en 2008 el de anestesista. El caso es que ya en 2007 participó en abortos como anestesista titular, aunque no fuera él quien firmara los documentos.

Según él, nunca firmaba nada y no sabe quién lo hacía. Lo que sí hacía Ávila era rellenar las historias clínicas de las pacientes. De hecho, ha admitido ser el autor de todas las piezas que se le han presentado, de todas menos de dos, de las que ha declarado que no es su letra, a pesar de que la paciente sí le reconoció en la intervención.

En cualquier caso, Morín se aprovechó de su condición de inmigrante: no tenía contrato y tampoco le pagaba regularmente. A cambio de su trabajo, Ávila vivía en un piso de 50 metros cuadrados, propiedad de la Fundación Morín.

Por otra parte, y como muestra del descontrol existente en estos centros aborteros, los acusados han admitido que en ocasiones veían informes de la clínica T.C.B. en el centro Ginemedex, y viceversa. Es decir, que los informes iban de un lado a otro, sin control alguno.

Una nota común a todas las declaraciones de los acusados hasta ahora: que ninguno de ellos ha podido confirmar la presencia de psicólogos en las clínicas en los momentos en los que se practicaban abortos. Está claro que todos los acusados apuntan a que la responsabilidad de las irregularidades era de la dirección del centro, es decir, de Carlos Morín.

Pablo Ferrer

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