La Comisión Europea envío una carta este lunes al Gobierno advirtiendo sobre las consecuencias del decreto andaluz antidesahucios. Por si no fuera suficiente, este martes, el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O'Connor, ha afirmado lo siguiente: "Consideramos que el decreto plantea riesgos al cumplimiento de los objetivos del programa".
"En particular, estamos preocupados por las disposiciones sobre sanciones y expropiaciones temporales, así como por la falta de claridad en la división de responsabilidades en esta cuestión entre las diferentes administraciones en España". Vamos, que O'Connor no acaba de entender que un gobierno autonómico pueda legislar al margen del Ejecutivo nacional, incluso en contra de sus directrices.
Por su parte, el ministro Guindos ha advertido a la Junta: si no coopera, "el Gobierno siempre sabe cuáles son sus obligaciones en última instancia". Es decir, que si no rectifica, el Ejecutivo tomará las medidas oportunas. Ya veremos.
Pablo Ferrer
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