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  • Vigo declarará a Almunia persona non grata.
  • Y Anasagasti (PNV) propone el peor castigo de todos: quitarle al comisario español el carnet del Athletic.
  • Trabajadores vizcaínos se concentran contra la decisión de la CE.
  • El Gobierno estudia presentar un recurso.
  • Almunia se defiende: las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros
Como se sabe, la Comisión Europea exigió ayer a España que recupere las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011, al considerar esas bonificaciones ilegales. Algunos calculan que la cantidad a recuperar ascenderá a unos 500 millones de euros. En la decisión ha jugado un papel importante el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.

Las reacciones en España han venido de distintos ámbitos. Según la asociación de pequeños y medianos astilleros en reconversión, (Pymar), unos 200 barcos se verán afectados por la resolución final de la Comisión Europea. Y el mosqueo en el norte de España, sede de los principales astilleros, ha sido considerable. El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha afirmado que propondrá al próximo pleno municipal la declaración del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, como persona non grata en la ciudad, tal y como ha venido reclamando el PP. Según Caballero, nunca nadie "le produjo un daño" a Vigo como Almunia, ya que su decisión supone, en su opinión, "un golpe definitivo" que "hundirá a una parte importante" del sector y que llevará al paro a "miles y miles de personas".

En Vizcaya, trabajadores de los astilleros vizcaínos de La Naval de Sestao y Zamakona están convocados a participar este jueves en una concentración "masiva" en la Plaza del Kasko en Sestao (Vizcaya) contra la decisión de la CE. La concentración se desarrollará a partir de las ocho de la tarde y esperan contar con el apoyo "de todos los Ayuntamientos de la margen izquierda y con todos los ciudadanos que quieren defender el futuro del sector naval".

Pero como los de Bilbao son más chulos que nadie, el senador del PNV Iñaki Anasagasti ha propuesto hoy el que sin duda sería el peor castigo para Joaquín Almunia: quitarle de forma simbólica el carné de socio del Athletic Club. "Ante tamaño roto, le quitaría simbólicamente el carné del Athletic y el del Consulado de Bilbao. ¿Para qué hace falta tener gente así con semejantes carnés fardando de ellos y no haciendo nada por los suyos", ha reprochado Anasagasti a Almunia, natural de Bilbao. Según el senador del PNV, Almunia "se ha lucido una vez más" y "ha dejado tirados, sobre todo, a los trabajadores de los astilleros vascos y no vascos". Por supuesto, Anasagasti, como siempre, haciendo equilibrios para no pronunciar la palabra 'español'.

Mientras, en la SER, Almunia se defendía y afirmaba que ha sentido "vergüenza" y "dolor" por cómo "se ha jugado con el miedo" de los trabajadores de los astilleros a consecuencia de su decisión sobre el 'tax lease'. "Me duele ver cómo se juega con el miedo de gentes que no van a tener que devolver ningún dinero. He sentido vergüenza por cómo se manejaba ese miedo y se trataba de convertir a los trabajadores en los paganos de mi decisión".

Almunia ha insistido en que las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros, por lo que su decisión "no va contra el naval, sino contra quienes se beneficiaron indebidamente de las desgravaciones fiscales".

Por su parte, en RNE, el ministro de Industria, José Manuel Soria, también ha analizado la decisión de la Comisión Europea, que exigió ayer a España que recupere las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011, al considerar esas bonificaciones ilegales: "Supone que una parte de las ayudas que se han recibido para construir barcos en España durante el periodo 2002 a 2011 hay que devolverlas. Que hay que devolver las que se han recibido desde el 2007 al 2011. Es menos de lo que teníamos que devolver hace una semana pero mucho más de lo que creemos que había que devolver, que pensamos que era nada porque ese sistema se basaba en una seguridad jurídica con la que habían actuado todos los operadores".

Soria ha explicado que el Gobierno ha encargado a los servicios jurídicos que estudien el planteamiento de un recurso ante el tribunal de Justicia europeo porque "consideramos que se ha actuado en base al derecho. Nunca, hasta el año 2009, se hizo ningún tipo de crítica a este sistema. Cuando se hizo la comisaria entonces le dio la bendición a este sistema y creemos que los astilleros, los armadores y los inversores han actuado siempre en base al principio de confianza legítima".

José Ángel Gutiérrez
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