El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) nos ha pillado con el paso cambiado, salvo a los que viven actualmente en la región más importante del mundo, Cataluña, o en su metrópoli por excelencia, Barcelona, la capital global en estos momentos.

Lo que está ocurriendo en Irak o Siria, tras el avance del Estado Islámico, o el riesgo a una escalada bélica en Ucrania, son menudencias comparadas con el gran proceso soberanista catalán y la consulta del 9 de noviembre, con la antesala de la gran movilización de la Diada, el 11 de septiembre, o la dudosa hasta ahora comparecencia de Jordi Pujol por su 'pufo fiscal'. Seamos serios y dejemos las cosas en su sitio.

Del dictamen del Consejo de Garantías lo más interesante es una trampa semántica, un eufemismo. Se trata de que un 'referéndum independentista' cuele legal y constitucionalmente simplemente con que le llamemos 'consulta popular no referendaria'. A eso es a lo que ha dado su aval el órgano consultivo y con 5 votos a favor de 9. Que nadie se engañe, detrás de ese dictamen está la misma fragmentación de la sociedad catalana: los cuatro votos particulares proceden de los representantes propuestos por el PSC, ICV y PP, y los otros cinco, de CiU y Esquerra. A partir de ahí, el Parlament podrá aprobar la Ley de Consultas o lo que le dé la gana. Pero no deja de ser una argucia que encontrará de frente al Tribunal Constitucional. Las reacciones también son lógicas. CiU y Esquerra insisten en que la consulta les da la razón, mientras los socialistas, el PP y Ciudadanos creen lo contrario: que se vulnera el Estatut -la autonomía no tiene competencias para tanto- y que no resuelve el encaje constitucional.

En definitiva, como señalaba el viernes Hispanidad, el frágil aval a la consulta del CGE no cambia nada. El pulso es entre la Generalitat, con el decisivo apoyo de Esquerra en su deriva secesionista, y el Gobierno. O si lo prefiere, entre Artur Mas y Mariano Rajoy. Las cartas están echadas y los puentes rotos. Artur Mas insiste en flagelarse políticamente y el segundo ha llegado al convencimiento de que ya no sirven de nada ni las concesiones económicas, sencillamente porque los soberanistas no se van a apear del burro. La conclusión es obvia: Artur Mas lo va a tener crudo para que la débil economía catalana repunte (está obligado a hacer nuevos ajustes) y nadie prueba ni desmiente que después del 'caso Pujol' pueda llegar un 'caso Mas'. Ese es el ultimátum de Mariano Rajoy.

Y la segunda cuestión está precisamente en 'pufo fiscal' del ex president Pujol, que riñe en actualidad con lo anterior. De momento marea la perdiz sobre si comparecerá o no en el Parlament, a pesar de las presiones de su propio partido, Convergència y de que Esquerra insiste en dinamitar cualquier debilidad de CiU; es decir, en que Jordi Pujol "debe dar explicaciones de manera inmediata". Paralelamente, el PSOE ha pedido y el Gobierno ha aceptado que el Congreso de los Diputados debata sobre el fraude. Saben, tenemos Pujol para rato, antes y después de la Diada del 11 de septiembre y antes del 9-N.

Mariano Tomás

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