• La Generalitat de Artur Mas presiona a la empresa que preside Ángel Simón.
  • Además, se niega a anular el concurso que otorgó la gestión de Aguas del Ter Llobregat (ATLL) a Acciona.
  • Ante la pena, en CDC recuerdan que una concesionaria debe responder a las políticas de infraestructuras de la institución.
  • Y el caso ATLL junto al del aeropuerto de Murcia, pone en entredicho la seguridad jurídica en las concesiones en España.

En pocas palabras, hablamos de un concurso público para la gestión de Aguas del Ter Llobregat (ATLL), del que depende el suministro de agua a cuatro millones de personas del área de Barcelona. Compiten Acciona, presidida por José Manuel Entrecanales, y Aguas de Barcelona, presidida por Ángel Simón (en la imagen).

La Generalitat se lo otorga a Acciona, pero el concurso es impugnado por un organismo de control de la Generalitat y por la propia AGBAR. Y resulta que los tribunales dan la razón a AGBAR, anulan el concurso y piden, además, que su fallo tenga consecuencias ejecutivas ya.

Se supone que la Generalitat, o bien podía habérselo otorgado al otro postor, o bien abrir un nuevo concurso. Pero el Gobierno de Artur Mas no hace ni lo uno ni lo otro. Es más, fuentes de la Generalitat aseguran a Hispanidad que no tiene por qué ejecutar la sentencia porque cabe el recurso.

Pero no sólo es eso. A este diario digital le constan las presiones del Gobierno Mas para que AGBAR retire voluntariamente su petición, y a esto Ángel Simón se niega. En el Gobierno autónomo, en tono que parece amenaza, aseguran que ningún concesionario puede enfrentarse a la administración que es la responsable última de la concesión.

El caso ATLL pone en solfa, una vez más, la seguridad jurídica de España. Máxime cuando se ha abierto un nuevo frente por el aeropuerto de Murcia entre la comunidad de aquella región y la constructora Sacyr. Y esto ya resulta más peligroso.

Eulogio López

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