• Eduardo Torres Dulce recibe el apoyo casi unánime de la Junta de Fiscales de Sala, el último visto bueno que esperaba.
  • Su propuesta aprecia cuatro delitos en el 9-N: desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia.
  • En la diana del fiscal, además de Mas, están Joana Ortega y la consejera Irene Rigau.
  • La querella, en cualquier caso, se plantea cuando el Constitucional aún no sentenciado sobre los dos recursos del Gobierno. Sólo decidió la suspensión cautelar.
  • Según la Generalitat, con esa precipitación Rajoy va a hacer "un ridículo internacional extraordinario".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya tiene claro que el mejor modo de detener el soberanismo catalán es la 'pelea' en todos los frentes: judicial y político. El primero se materializa en la querella segura que presentará el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce (en la imagen) contra el presidente catalán, Artur Más, y otros cargos de la Generalitat. Y el segundo con su viaje a Cataluña, este sábado. Rajoy pretende escenificar así un cambio de estrategia y visualizar el paso adelante que da el Gobierno para convencer a los catalanes de las ventajas de estar en España y de los inconvenientes de la independencia. Otra cosa es que lo consiga. Los independentistas defienden lo contrario y no les va mal, al menos en intención de voto. Y para el resto de los españoles, quedan dos imágenes: empecinamiento y ausencia de diálogo, dos extremos de la falta de cintura política.

La respuesta de Rajoy es también un modo de contestar a las presiones que han llegado desde dentro y fuera de su partido por la sensación generalizada de parálisis política. Obviamente, el presidente lo ha negado esta mañana en el Congreso, al reiterar que el Ejecutivo se ha limitado a cumplir su función. Y sobre su relación con la decisión de Torres Dulce, ha señalado que es a la Fiscalía a quien corresponde tomar las medidas penales tras el sucedáneo de consulta del 9-N. En otras palabras, que no interferirá en el trabajo de la Fiscalía, que es justo lo contrario de lo que ven los socialistas.

Como ha indicado el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, es fácil ver "la mano del Gobierno" detrás de la querella que interpondrá el fiscal del Estado. Cree que es un error porque echará más leña al fuego en la cascada de agravios entre Cataluña y el resto de España. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, por su parte, ha ido más lejos: ha asegurado que el Ejecutivo catalán tiene ya todo listo para defenderse de la querella y que el Gobierno española va a hacer "un ridículo internacional extraordinario".

Torres Dulce ha mantenido una larga reunión esta mañana con la Junta de Fiscales de Sala, en la que ha defendido las mismas razones que trasmitió a los fiscales catalanes para presentar una querella contra Artur Mas, su 'número dos', la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau. A su juicio, la orden de suspensión de la consulta del 9-N dictada por el Tribunal Constitucional no dejaba ningún margen de duda sobre la actuación que debería haber seguido, y no siguió, la Generalitat. Torres Dulce ve en esa actuación de los dirigentes catalanes, en concreto, cuatro delitos: desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales.

Con la Junta de Fiscales de Sala, Torres Dulce ha salido más airoso que con la Fiscalía Superior de Cataluña, a la que remitió su informe para que actuara, pero no lo hizo al considerar que no había base jurídica suficiente para hacerlo. La vía de la querella, sin embargo, ha recibido un apoyo casi unánime de Junta de Fiscales de Sala. La decisión que tomara no era vinculante, pero sí importante para no da la sensación de que actúa en solitario.

La querella de Torres Dulce, en cualquier caso, se va a presentar cuando el Tribunal Constitucional todavía no ha dictado sentencia sobre los dos recursos presentados por el Gobierno contra el decreto de consulta del 9-N y contra el proceso participativo posterior. Sólo decidió la suspensión durante seis meses. ¿Y si finalmente la aprobara Nada apunta en ese sentido, pero introduce ciertas dudas sobre la decisión del fiscal y su precipitación, dentro del plan de Rajoy de inyectar presión desde todos los ángulos, pero enrarece más, también, el complicado clima de crispación entre el Gobierno y la Generalitat.

Rafael Esparza

[email protected]