La respuesta de Rajoy al anuncio de Mas de convocar su referéndum independentista el próximo 9 de noviembre de 2014 se enmarca en la necesaria razón de defensa del Estado de Derecho, del bien común de Cataluña y del conjunto de España.
Pero estamos en un momento en el que la apelación de la legalidad vigente demanda el acompañamiento de una pedagogía política y social que remita al orden moral y que muestre el valor que la ley custodia.
Lo que está en juego, en este caso, es un bien que se ha conformado en la historia centenaria de España: un entramado de múltiples relaciones familiares, profesionales, intelectuales, económicas, religiosas y políticas de todo género. Las leyes no crean este valor, simplemente lo reconocen y protegen. Por eso es una obligación moral no sólo preservar el bien de la unidad, sino explicarlo y comunicarlo con inteligencia y pasión.
Pienso que debemos estar atentos a que no padezcan detrimento la reconciliación, la unidad y la primacía del derecho, que se han podido tutelar en estos años de un modo suficiente, al amparo de las instituciones y mecanismos previstos en la Constitución de 1978, con notable beneficio para el bien común.
Sin duda, esa es la tarea de largo alcance que espera a la sociedad española.
Pedro García
