¿5 millones de parados e indemnizaciones millonarias a banqueros?

Las últimas: el Caso de Ronda, y los millones en jubilaciones que se adjudicaron los directivos de la CAM antes de la quiebra, en consonancia con lo que el Estado inyectará (dicen que 7.551 millones) para sanear las cajas.

Muchos individuos de los que hasta ahora han sobrevivido a la crisis, tienen ganas de vender, y hacen que los medios de comunicación prodiguen sus "consejos publicitarios". Cada vez se ven más bazares y restaurantes chinos, y por las calles, pizarras que anuncian ofertas de desayunos y de platos del día, en los que los más baratos, hablando de los últimos, superan la cota de los 9 euros.

Y en los parabrisas de los coches te dejan publicidad de: compras de papeletas del Monte de Piedad y de empeños, y "Compro oro", hasta 27 euros el gramo, no importa su estado, usado, deteriorado, viejo, nuevo, desparejado, etc. Demandan coches, también sin importar su estado, con o sin ITV, impuestos impagados, siniestros, etc. que antes iban al desguace camino de la fundición, para cambiarlos por otros más nuevos, y ahora se aprovechan todas sus piezas.

Están lejos los años en los que la UE daba dinero a los agricultores por no sembrar, quitar las vacas, arrancar viñas y frutales. Los grandes cines en las calles principales de las ciudades, y los más modestos de sus barrios, se extinguieron, nacieron los vídeos club que también cerraron, y ahora estamos en los Multicines. Y hasta muchos clubes de fútbol, deporte que es como la "religión" de nuestros días, han dado en quiebra, y se han agarrado a eso que llaman la ley concursal que les sirve de escudo. No obstante, cuando hay uno de esos partidos "de siglo" entre el R. Madrid y Barça, se llenan los estadios.

Hay muchos parados y el salario mínimo interprofesional es de los más bajos de Europa. Disminuye el número de inmigrantes empadronados, y en los buzones de correos se reciben ofertas de mujeres de confianza para cuidar niños y ancianos, y operarios que se ofrecen a seis euros la hora.

Por el entorno en que me desenvuelvo he visto cerrar varias pequeñas empresas: Una tahona, una tienda de 24 horas, dos o tres bares, dos restaurantes después de pasar por varias manos, uno de ellos se quejaba que no le daban crédito, y hasta una sucursal bancaria. Bancos que ofrecen regalos que después cobran en parte, como "intereses acreedores en especie", y repercuten el IVA, por dejarles tus ahorros y domiciliar tus ingresos. Y en sus cajeros automáticos ofrecen casas con el 15 % de descuento.

Un herrero que había trabajo mucho por aquí cerró su taller y en su lugar se construyó un bloque de pisos, de los que aún bastantes por vender se anuncian con "Visite el piso piloto". Antes había un enjambre de grúas que a al verlas a lo lejos, en el horizonte, parecían grúas extractoras de petróleo. No queda ninguna, y alguno de los edificios en construcción siguen en "esqueleto" mostrando columnas que hay que recubrir de ladrillos.

Hay también unas pistas de pádel, permanentemente cerradas porque no juega nadie, que se construyeron con el Plan E, aquel que esperaba unos brotes verdes que no nacieron, y en el que se gastó 13.500 millones, que ahora nos irían de perlas para evitar que aumente la deuda pública y privada, con repercusiones en la prima de riesgo.

Y en la Biblioteca pública municipal que frecuento, se han suprimido dos periódicos de información para los lectores. Pero donde más noto la crisis es en las bolsas de plástico de algunas grandes superficies. Antes las cajeras, ponían muchas en sus mostradores, y se cogían sin duelo, pero ahora te preguntan ¿quiere bolsa?, y si dices que sí, te la cobran. Y muchos clientes las reciclan, o si no son muchas, se llevan con dificultad en sus brazos las mercancías, hasta el coche aparcado.

Y a pesar de todo, al disolverse la IX legislatura, se ha hecho público que los diputados y senadores cobrarán una paga correspondiente a los 54 días que restaban hasta la celebración de las elecciones. Además, en el caso de que no renueven escaño y no perciban retribución alguna, tendrán derecho a una indemnización mensual de 2.800 euros durante dos años. Más los móviles que puso a su disposición el Congreso, así como los módem para conectarse a internet.