Sr. Director:
El pasado 5 de julio entró en vigor en España una ley extremista que impone, en la escuela y la sanidad, una visión ideológica de la sexualidad bajo la “perspectiva de género”(sic) y que considera como un “derecho reproductivo”, exclusivo de la mujer, que el sistema público se haga cargo de la ejecución de un hijo antes del parto cuando sea juzgado como “indeseable” por su progenitora; bien por no haber sido planificado, o bien por haberse diagnosticado prenatalmente alguna anomalía o discapacidad.
