FEDEA ha publicado un nuevo informe de su Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas elaborado por Manuel Díaz y Carmen Marín. El trabajo analiza la ejecución de los presupuestos autonómicos de 2017 y hace una valoración de los recientemente publicados presupuestos de 2018.
 
El presupuesto de 2017 de las CCAA fue elaborado con un objetivo de déficit del 0,6% del PIB que se ha cumplido con holgura tras cerrar el ejercicio con un déficit del 0,3% del PIB. El cumplimiento del objetivo de déficit se ha debido fundamentalmente a tres factores:

  1. Por primera vez desde 2007, las comunidades han cerrado 2017 con unos ingresos no financieros similares a los presupuestados
  2. Los ajustes de Contabilidad Nacional, que normalmente aumentan el déficit, en ese año lo redujeron en 2.000 millones (por razones que no se conocen en detalle dada la opacidad de tales ajustes)
  3. Los ingresos extraordinarios recibidos por Navarra y el País Vasco en concepto de regularizaciones a posteriori de las aportaciones y cupos pagados en los últimos años, como fruto de los recientes acuerdos de financiación firmados por estas comunidades con el Gobierno Central

En el presupuesto de 2018, las comunidades prevén aumentar su gasto en unos 6.000 millones de euros y sus ingresos en 8.000 millones en relación con lo observado en 2017. El fuerte aumento de los ingresos previstos se explica en parte por el crecimiento de las entregas a cuenta y de la previsión de liquidación recogidas en los PGE de 2018 (por un importe total de 4.000 millones de euros) y por el aumento previsto de los recursos no sujetos a entregas a cuenta y liquidación (otros 4.000 millones de euros). Al no haberse tomado medidas adicionales que aumenten los ingresos, creemos que esta última partida podría estar sobrevalorada.
 
Los autores del informe manifiestan ciertas dudas sobre el cumplimiento del objetivo de déficit del ejercicio 2018. Estas se deben a la probable sobrevaloración de los ingresos y a la dificultad de contener el gasto en un año preelectoral. Otro factor a considerar es el agotamiento de los efectos extraordinarios que redujeron el déficit del año anterior, especialmente en el caso de las comunidades forales. Finalmente, la situación se podría complicar aún más si finalmente no se aprobasen los PGE de 2018, lo que obligaría a prorrogar las entregas a cuenta, porque en ese caso las Comunidades recibirían 3.600 millones de euros menos de lo previsto.