jueves, 22 febrero 2018 Número de edición: 5373
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Pitorreo burocrático del Gobierno valenciano: van a salvar al mundo

Sr. Director:

La lectura del BOE ha pasado de ser una fuente de información de las novedades legislativas a una fuente de indignación permanente por la diarrea legislativa a la que se ve sometida nuestra nación, España.

Sobre todo por la aparición de una sobreactuación de los entes legislativos autonómicos que están sometidos a una carrera diabólica para ver quién es que legisla más y peor, rompiendo uno de los valores más esenciales para el desarrollo económico cual es la certeza y la unidad legislativa. ¿Puede alguien explicar por qué la propiedad horizontal ha de constituir una materia de competencia autonómica y que en cada una de las autonomías se regule de una manera diferente?

Ejemplo de lo anterior lo puede constituir la reciente Ley 18/2017 de la Comunidad, si Comunidad y  no Comunitat valenciana, de cooperación y desarrollo sostenible, a la que se considera como una manifestación de la voluntad del pueblo valenciano solidarios con los países y pueblos del Sur. Las frases campanudas del preámbulo no dejan de reflejar una vacuidad de un compromiso real.

Se habla de la necesidad de potenciar la generación de una ciudadanía comprometida con el desarrollo en el Norte ¡! Y la necesidad de crear un nuevo modelo de cooperación descentralizado. Nada más sencillo. Para llevar a cabo esta importante misión se crean los siguientes organismos: El Consejo valenciano de Cooperación internacional al desarrollo, el Alto Consejo Consultivo para el desarrollo de la Agenda 2030, la Comisión Interdepartamental para la Cooperación Internacional al Desarrollo, el Comité Permanente de Acción Humanitaria y  el Consejo Territorial para la Cooperación Internacional al Desarrollo, así como un Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunidad Valenciana.  ¿Cabe algo más? ¿Cuál es el coste de todo este aparato burocrático y cuantos funcionarios se van a adscribir a este servicio?

No se sabe ni se sabrá. Teniendo una Agencia española de Cooperación Internacional para el desarrollo, ¿para qué crear otros organismos que en vez de potenciar nuestra acción en el exterior la debilitan?  Seguro que nadie contestará.

Creo que se hace necesario plantear una reforma de los sistemas autonómicos a fin de poder disponer de un necesario espacio de derecho común, evitando la anarquía legislativa que, como se ha venido demostrando, dificulta la necesaria unidad de mercado y crea innecesarias trabas burocráticas.

David Herrero