El discurso es el mismo que el empleado este jueves por Conde Pumpido: rigor, legalidad, hechos probados, indicios y no opiniones. O sea, hipergarantismo, cuando para eso ya estaban los jueces. La vice sigue sin responder por qué no se ilegalizó el partido. Y por qué si –como dijo Pumpido- no había tiempo, no se piensa instar con calma y de manera paralela la ilegalización a posterior. ¿Por qué? Muy sencillo, el gobierno ha abierto la puerta a ETA para que regrese a las instituciones. La puerta pequeña, pero se la abierto.
Sí que ha aprovechado la vicepresidenta para atacar a sus contrincantes políticos equiparándolos con los pistoleros. A los etarras que amenazan con consecuencias si la izquierda abertzale no está en las instituciones les dice que no va a tolerar ni ceder al chantaje. A los populares que señalan que se podía haber ido más lejos, que afirman que ellos habrían impugnado el 100% de las listas y que han presentado un escrito a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y al Supremo, les señala que el gobierno tampoco va a aceptar “presiones”. ¿Se refiere a alguien en concreto? De la Vega no pone nombres y apellidos. Pero no hace falta.
En cuando al debate desatado en el Tribunal Supremo, De la Vega señala que se trata de un debate “legítimo y respetable”, pero insiste en los hechos. Y una curiosidad: dice De la Vega que el Gobierno ha tomado las decisiones que estaban en su mano “a través de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía”. Y, por si fuera poco, un lapsus muy significativo de la vicepresidenta: “Hemos hecho lo posible para evitar que Batasuna no esté en las elecciones” ¿Pero no habíamos quedado en que la Fiscalía es autónoma? Ay, ¡qué fallo!
