miércoles, 17 enero 2018 Número de edición: 5347
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Lo que ocultó el independentismo: el procés deja más recortes y listas de espera en Sanidad

-Los daños colaterales del procés: el Govern dejó sin pagar 16 millones a 5.000 discapacitados.

-Casi 5.000 perfiles automáticos viralizaron el procés con mensajes de medios que paga el Kremlin.

-Paul Bekaert, abogado de Puigdemont: “¿Quién me paga? Secreto profesional”.

-Nacionalistas flamencos nostálgicos de Hitler protegen a Puigdemont.

-El Gobierno central anulará las medidas para crear una Hacienda catalana propia.

-El TS apunta a Anna Gabriel en la macrocausa del ‘procés’.

-Casi el 57% de los catalanes confía en que se abra una negociación tras los comicios.

-El independentismo se hace fuerte en la Cataluña rural.

-El régimen clientelar del PSOE andaluz se sienta en el banquillo por los ERE.

-El Banco de España ha facilitado por primera vez al Senado información sobre condonación de deudas a partidos.

-El Canal y la Sanidad de Cifuentes se alejan de su propaganda liberal.

-30 años del atentado del cuartel de Zaragoza: “Pusimos la bomba aunque sabíamos que podían morir mujeres y niños”.

-Philip Schiller (Apple): “Nosotros no vemos tus fotos ni leemos tu correo”.

-Auditorías en grandes empresas para lograr la igualdad salarial.

-GIP pide a Gas Natural más desinversiones.

-El Corte Inglés lleva la tienda de venta ‘online’ a todo el mundo.

-El BCE quiere fusiones de grandes bancos europeos para crear “titanes globales”.

-Uno de cada cinco bancos, en la encrucijada ante los test de estrés.

-Los bufetes barajan demandas de las empresas por tener que dejar Cataluña.

-El PNV pide la rebaja de la tarifa eléctrica vasca.

-CaixaBank lanza Hotels & Tourism para impulsar su apuesta turística.

-Las grandes fusiones en Europa llegan a 600.000 millones.

-Cada una de las terapias contra el cáncer cuesta 400.000 euros.

 

Portavoces de ERC afirmaron ayer que si el independentismo gana el 21D apostarán de nuevo por la vía unilateral si el Estado no abre un proceso de diálogo, tal y como exigía la CUP. Desde ERC, además, insisten en reclamar para su formación el voto útil. Con esta nueva estrategia, según destacan algunos diarios, tratan de contrarrestar el avance electoral de JxCat y el creciente protagonismo de Carles Puigdemont que, desde Bélgica, sigue apareciendo por videoconferencia en todos los actos electorales de su candidatura, en los que se postula como legítimo presidente de la Generalitat.

En ese contexto, la sanidad catalana ha sido uno de los sectores más perjudicados por los vaivenes del procés independentista. La inestabilidad política ha pasado factura a un sistema sanitario público azotado por los recortes que ha hecho crecer las listas de espera y reducido el número de quirófanos, puntos de atención y camas hospitalarias. En los últimos años, el secesionismo ha eclipsado estos problemas, que siguen ocultos en la campaña para el 21-D. En ella, la CUP, formación antisistema de extrema izquierda, se compromete a boicotear el Parlament si los resultados electorales dan lugar a un Govern que respete la Constitución. (El País)

Los daños colaterales del procés: el Govern dejó sin pagar 16 millones a 5.000 discapacitados. (ABC)

Casi 5.000 perfiles automáticos viralizaron el procés con mensajes de medios que paga el Kremlin. (El País)

Paul Bekaert, abogado de Puigdemont: “¿Quién me paga? Secreto profesional”. “Se dice que cobro entre 500 y 1.000 euros la hora, aunque mi tarifa es de 125 euros. Si pidiera lo que dicen, no tendría ningún cliente”, proclama airado. Pero la procedencia de los fondos para cubrir los gastos que conlleva la estancia de Puigdemont y los exconsejeros en Bélgica son un misterio. ¿Garantiza que no le pagan su minuta con fondos públicos? “Estoy muy seguro. Confirmo formalmente que mi salario no se paga con dinero público”. ¿Y de dónde viene? “Secreto profesional”. (El País)

Nacionalistas flamencos nostálgicos de Hitler protegen a Puigdemont. El sector más duro de la N-VA flamenca es el principal apoyo del ex presidente de la Generalitat en su huida en Bélgica. (ABC)

Aún quedan pendientes algunos restos del proceso de conversión de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) en estructura de estado. El propósito del Gobierno central, en el marco de aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobado con la mayoría absoluta del PP en el Senado y el aval de Ciudadanos y el PSOE-PSC, es anularlos para que este organismo, que en dos años ha duplicado su plantilla y el volumen de impuestos que gestiona, se mantenga en el marco de la legalidad vigente. (El Periódico)

La «macrocausa» contra los principales impulsores del «procés» que instruye el magistrado del Tribunal Supremo ( TS) Pablo Llarena sumará más investigados después de la jornada electoral del próximo 21-D. Fuentes de la investigación aseguraron a LA RAZÓN que el número de imputados, en la actualidad 22 –de los cuales cuatro, Oriol Junqueras entre ellos, continúan en prisión y otros cinco, con Carles Puigdemont a la cabeza, están refugiados en Bélgica– se incrementará con la previsible citación de otros integrantes del «comité estratégico» encargado de pilotar la independencia cuya participación en la hoja de ruta soberanista se considera relevante. Una lista en la que sitúan a las ex portavoces parlamentarias de la CUP y ERC, Anna Gabriel y Marta Rovira, respectivamente, y a los que eran lugartenientes de Junqueras en la Consejería de Economía Jordi Jové y Josep Lluís Salvadó.

Casi el 57% de los catalanes confía en que se abra una negociación tras los comicios. El 70% de catalanes admite que la economía se ha resentido tras la DUI y un 46% cree que el proceso independentista continuará después del 21-D. (La Vanguardia)

El independentismo se hace fuerte en la Cataluña rural. Gerona y Lérida recogen el 64% del voto secesionista, mientras que en Barcelona y Tarragona no llega al 45%. (La Razón)

El régimen clientelar del PSOE andaluz se sienta en el banquillo por los ERE. La trama de los ERE se transformó en una productiva pseudoindustria local que se dedicó durante una década a fabricar parados generosamente subvencionados, gracias a una fuente que parecía inagotable de fondos públicos. Para que fuera posible sin que saltaran las alarmas, hubo que desactivar expresamente los mecanismos de control de que dispone la administración para vigilar el reparto y el destino del dinero público. (El Mundo)

El Banco de España ha facilitado por primera vez al Senado información sobre condonación de deudas a partidos. En concreto, ha informado de que La Caixa condonó en 2004 al PSC 6.5 millones de euros. (ABC)

El Canal y la Sanidad de Cifuentes se alejan de su propaganda liberal. La presidenta sigue sin entregar las actas de los consejos del Isabel II donde aparece su firma. (El Economista)

30 años del atentado del cuartel de Zaragoza: “Pusimos la bomba aunque sabíamos que podían morir mujeres y niños”. El artefacto con el que los terroristas asesinaron a 11 personas estaba compuesto por tres bombonas llenas de explosivo y reforzadores que atacaron el cuartel como si fueran cañones. (La Razón)

Philip Schiller, uno de los vicepresidentes de Apple, sale al paso, en una entrevista con EL PAÍS, de la polémica sobre la seguridad de sus teléfonos, que ha impedido obtener pruebas de delitos de ellos. “Protegemos al usuario con una encriptación tan fuerte como podemos”, dice. “No vemos tus fotos ni leemos tu correo”. Su aparición es una de las más esperadas en las keynotes, como denomina Apple a sus presentaciones. “El negocio de nuestra empresa no está en la publicidad” “Protegemos al usuario con una encriptación lo más fuerte que podemos” “No veo cerca el final de los PC; no planeamos fusionar los Mac y el iPad”.

El Ministerio de Empleo apuesta por la transparencia para acercar los sueldos de hombres y mujeres. En el borrador presentado a los agentes sociales para la reforma de la contratación ha incluido la obligación para las empresas con más de 250 empleados de hacer auditorías salariales para “sensibilizar a empresas y trabajadores” del problema. También se concreta la reducción de los tipos de contratos temporales, que, en principio, durarán dos años, pero se podrá ampliar hasta tres si se pacta así en los convenios. (El País)

El fondo norteamericano GIP quiere maximizar el valor de su participada Gas Natural. Ha pedido a la gestión de la empresa que revise todos sus activos e incluso que contemple nuevas desinversiones. GIP tiene el 20% de Gas Natural, igual que Repsol. La Caixa es el primer accionista con el 24%. (Expansión)

El Corte Inglés acelera su digitalización y lleva su tienda online a todos los países del mundo, con más de 200 marcas en moda, zapatería, deporte, hogar y productos gourmet. La compañía lanzó en 2014 la web internacional, para entrar en Reino Unido, Irlanda y Holanda. Ahora, da un paso más y apoyado en unos buenos datos de venta, extiende el servicio a todo el mundo. Los plazos de entrega varían entre tres y siete días para pedidos en la Unión Europea y 10 en el resto de países. (El Economista)

El BCE quiere fusiones de grandes bancos europeos para crear “titanes globales”. El supervisor dice que sólo hay uno o dos bancos europeos en el ‘top ten’ mundial y aboga por crear campeones europeos con capacidad para “competir eficazmente en la élite”. (Expansión)

Uno de cada cinco bancos españoles tendrá que hacer un esfuerzo superior a los 200 puntos básicos de capital si los test de estrés del próximo año fijan los mismos parámetros que los realizados en 2014. Así lo afirma un reciente informe de BBVA, que algunos bancos, que controlan el 6 por ciento del sector, supondría rebajar los ratios de solvencia por debajo del 9 por ciento. Uno de los mayores riesgos proviene de la nueva regulación sobre provisiones, en vigor en 2018. (El Economista)

Los bufetes barajan demandas de las empresas por tener que dejar Cataluña. (Cinco Días)

El PNV pide la rebaja de la tarifa eléctrica vasca. (Cinco Días)

CaixaBank lanza Hotels & Tourism para impulsar su apuesta turística. (Cinco Días)

Las grandes fusiones en Europa llegan a 600.000 millones. (El Economista)

Cada una de las terapias contra el cáncer cuesta 400.000 euros. (El Economista)

José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com