-Villar Mir vende sus plantas eléctricas para bajar deuda. -Los Riberas bajarán deuda con la salida a Bolsa de Gestamp. -ACS y FCC llevan a Perú a arbitraje por 241 millones del metro de Lima. -Indra recortará 500 empleos por Tecnocom. -Javier Cuesta (Correos): "Cualquier empresa puede vender en China con Correos". -La inspección del Banco de España acusa a sus jefes de filtrar informes a Bankia. -En España 126 banqueros cobran más de un millón de euros al año. -La banca deberá dar una cuenta sin coste a todos los ciudadanos. -El TS estima abusiva la cláusula con la que Telefónica pasó a cobrar la identificación de llamadas. -Moncloa prorrogará las ayudas a las renovables hasta 2022. -España grava la luz con un IVA superior a Reino Unido, Italia, Francia o Alemania. -El gasto en prestaciones de paro baja de 20.000 millones por primera vez en la crisis. -La aplicación de la renta mínima costaría al menos 12.000 millones al año. -La recaudación de Hacienda llegará en 2017 al máximo histórico. -PP y PSOE ultiman un pacto para el Constitucional que incluye a Pumpido como cuarto magistrado. -El PP estudia permitir que sus parlamentarios voten en conciencia temas éticos. -Los barones del PP presionan para que el partido lidere nuevos debates sociales. -El PP quiere rehabilitar a los cargos públicos absueltos de corrupción. -Corrupción en CDC: hallados en las empresas contratos de obras que se adjudicaban en 60 millones.   El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó ayer la tensa conversación que mantuvo con el primer ministro de Australia, Malcom Turnbull, tras criticar un acuerdo migratorio alcanzado por su antecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, que plantea el reasentamiento de 1.250 refugiados desde las islas de Papúa Nueva Guinea. Según una filtración, la conversación terminó de forma abrupta. Durante un discurso en el Desayuno Nacional de la Oración, Trump instó a los estadounidenses a no preocuparse por las "llamadas difíciles" que pueda mantener con otros dirigentes. Defendió que hay que ser "duros", alegó que "el mundo está en problemas" y que él los arreglará. En España, la mayoría de los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular y Ciudadanos, han votado a favor este jueves en el Congreso de la toma en consideración de la proposición de ley para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las familias sin recursos, procedente de una iniciativa legislativa popular (ILP) de los sindicatos CC.OO. y UGT. La medida, que podría no llegar a llevarse a cabo por el derecho del veto del Gobierno sobre los gastos, puede llegar a costar al menos 12.000 millones de euros al año, según El Economista) Ya en el ámbito de las exclusivas, los accionistas presionan para que el Estado ceda su mayoría en AENA. La proyección internacional de AENA es el principal motivo que, según los accionistas privados de la compañía, invitaría a una privatización mayor. Así se lo han hecho saber al Gobierno los fondos de inversión presentes en el accionariado, entre ellos TCI (The Children's Investment Fund), que dispone de más de un 12% del capital, según fuentes financieras. Se trata de una posición unánime, detallan, compartida por el resto de grandes accionistas presentes en el accionariado (Blackrock, Talos Capital, Deutsche Bank y HSBC, entre aquellos que tienen más de un 3% del capital). (ABC)  (Cinco Días) El grupo Villar Mir ha acordado la venta de sus plantas hidroléctricas en España, que controla a través de Ferroglobe, al fondo canadienses Brookfield por 255 millones de euros. Villar Mir destinará estos resultados extraordinarios a reducir su endeudamiento. (Expansión) (El Economista) Los Riberas bajarán deuda con la salida a Bolsa de Gestamp. (Cinco Días) El consorcio que lideran ACS y FCC ha presentado una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial, contra el Gobierno de Perú por el proyecto de construcción de la línea 2 del metro de Lima. Las constructoras españolas, junto con sus socias en el proyecto, las italianas Impregilo y Ansaldo y la peruana Cosapi, reclaman el pago de alrededor de 260 millones de dólares (240,9 millones de euros) debido a que, a su juicio, los terrenos donde han de desarrollar la infraestructura no presentan las condiciones pactadas en el contrato, lo que ha provocado que las obras acumulen más de un año de retraso. (El Economista) La tecnológica Indra prevé recortar unos 500 empleos tras la integración de su rival Tecnocom, sobre la que ha lanzado una opa por 305 millones de euros. La mayor parte de la reducción, debido a las redundancias que se van a producir tras la opa, se concentrará en los servicios generales. El recorte supondrá alrededor del 1% de la plantilla total tras la integración, cifrada en unos 44.500 trabajadores. (Expansión) Javier Cuesta (Correos): "Cualquier empresa puede vender en China con Correos". (El Economista) La Asociación de Inspectores del Banco de España acusa a sus superiores de filtrar ilegalmente a Bankia un informe interno de la Inspección sobre un posible caso de blanqueo, entorpeciendo la investigación. «Hay riesgos de que en virtud de esa información facilitada se haya podido interferir con otras inspecciones o investigaciones en curso que pudieran estar realizando simultáneamente otros organismos públicos». Así lo asegura la asociación que representa al grueso de la Inspección del Banco de España en un grave comunicado interno al que ha tenido acceso EL MUNDO. En España hay unos 126 banqueros superremunerados. Cobran más que el promedio de sus colegas de la UE: unos 2,242 millones. Hay incluso un selecto grupo formado por diez ejecutivos que cobra entre 3 y 4 millones de euros. La parte variable es importante, pero no supera la fija. Según CC.00., el gasto de personal medio en de la banca es­pañola en 2015 fue de 67.508 euros. Esto significa que los altos banqueros españoles que aparecen en la EBA cobran 33 veces más que el empleado tipo de su empresa. (La Vanguardia) (El Mundo) Las entidades financieras tendrán que ofrecer una serie de servicios básicos a través de cuentas gratuitas o con comisiones tasadas. El Ministerio de Economía ha elaborado un borrador de anteproyecto de ley que se propone universalizar los servicios de ingresos, de retiradas de efectivo, de domiciliación de recibos, de transferencias y de pagos con tarjeta de débito. La misión de la norma, derivada de una directiva europea, es "establecer un derecho de acceso a cuentas de pago básicas", que no podrán cobrar comisiones adicionales para expulsar a los clientes menos rentables o que serán gratuitas para los más vulnerables. (Cinco Días) El Tribunal Supremo comunicó ayer una sentencia en la que ratifica la nulidad de la cláusula con la que Telefónica pasó a cobrar 0,58 euros al mes por el Servicio de Identificación de Llamadas. La Sala de lo Civil del Supremo considera que no se trató de una modificación de un contrato ya existente –lo que hubiera supuesto la validez del cobro–, sino de «la contratación de un servicio nuevo», algo que exige la autorización expresa del usuario. No la hubo, porque Telefónica pasó a cobrarlo a todo aquel que no se opuso, lo que infringe la Ley para la Defensa de los Consumidores. (El Mundo) El Gobierno mantendrá y por tanto no prevé reducir el volumen de las ayudas que cobran las renovables durante al menos los próximos cinco años, lo que despeja uno de los grandes temores del sector, vistos los precedentes y la discrecionalidad de la normativa en vigor, que autoriza al Ejecutivo a revisar toda la retribución en el año 2019. Al contrario, los ingresos regulados de las fuentes verdes crecerán un 3,6 por ciento por las nuevas entradas en funcionamiento. Un documento elaborado por el Ministerio de Energía recoge que la retribución específica de las renovables, la cogeneración y los residuos pasará de los 6.987 millones de euros previstos este año a los 7.242 millones de 2022. (El Economista) España grava la luz con un IVA superior a Reino Unido, Italia, Francia o Alemania. (Cinco Días) El gasto en prestaciones de paro baja de 20.000 millones por primera vez en la crisis. El gasto en protección contra el desempleo bajó de los 20.000 millones el año pasado. Ha sido la primera vez en los últimos nueve años. Lo ha provocado una mezcla de recortes, prolongadísimos periodos de paro de los trabajadores hasta consumir sus derechos y la mejora del mercado laboral en los últimos años. Como consecuencia de esto la tasa de protección oficial frente al desempleo está en el 55,1%, 11 puntos menos que en 2007. (El País) El Ministerio de Hacienda espera que el crecimiento económico, el regreso de la inflación y los últimos cambios normativos en el impuesto de sociedades impulsen los ingresos públicos al máximo histórico este año. El departamento que dirige Cristóbal Montoro calcula que la recaudación ascenderá a 202.593 millones en 2017, un 7,8% más que el año anterior, el mayor avance desde 2010. El Ejecutivo ha prorrogado los Presupuestos de 2016 y, aunque ya tiene preparados los de este año, contempla la posibilidad de ampliar la prórroga durante todo 2017 ante la dificultad de reunir los apoyos políticos necesarios. (El País) PP y PSOE ultiman un pacto para el Constitucional que incluye a Pumpido como cuarto magistrado. (ABC) El PP estudia permitir que sus parlamentarios voten en conciencia temas éticos. El principal caballo de batalla son los aspectos relacionados con cuestiones sociales, como el aborto o la gestación subrogada, que están vinculados con otro asunto a resolver, «el voto en conciencia». La dirección nacional admite que está valorando esta propuesta, pero advierte de que «no hay una decisión tomada». (ABC) Los barones del PP presionan para que el partido lidere nuevos debates sociales. La maternidad subrogada, la custodia compartida o los cuidados paliativos, entre los retos. (La Razón) El PP incluirá en los nuevos Estatutos la posibilidad de rehabilitar políticamente a quienes hayan sido apartados de sus cargos por presunta corrupción, si después se demuestra que son inocentes. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, responsable de la Ponencia Política y de Estatutos, ha aceptado una emienda del portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Carlos Rojas, que plantea regular esta actuación. (El Mundo) La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil desarrollaron ayer una nueva operación contra la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que se extendió al Ayuntamiento de Barcelona cuando era alcalde Xavier Trias. Durante la operación se detuvo a 18 personas. Hallados en las empresas contratos de obras que se adjudicaban en 60 millones. En algunos casos, las donaciones que se aconsejaban llegaban al 7% de la licitación. (La Razón) José Ángel Gutiérrez [email protected]