-César Alierta prima a la plantilla de Telefónica: quiere dar entrada en su capital a más empleados. -Sabadell crea HIP para gestionar sus hoteles. -Andorra lleva a los tribunales el concurso de Banco Madrid. -BP y Cepsa ofrecen a la OCU solo sus actuales descuentos. -Las ventas de las tiendas de Apple en España se estancan por primera vez. -Los extranjeros añaden 100.000 millones a la bolsa en dos años. -El Gobierno se opone a vincular el pacto salarial al IPC español. -El acuerdo salarial reabre la división entre las bases y la cúpula de CEOE. -Los jueces dinamitan la reforma laboral. -Bruselas pide a España que cerque a las CCAA y cierre la reforma bancaria. -España, el país con más pleitos internacionales. -Ciudadanos exige primarias en el PP para aceptar pactos. -El Gobierno de Susana Díaz adjudicó Aznalcóllar burlando la ley. -Antonio Hernando también ofreció a Bono como asesor del PRD. -Madrid Network dio créditos por nueve millones a ex altos cargos. -Vocales del CGPJ critican que haya lista de evasores y no de pederastas. -España, un pueblo en cada esquina. -Mas desafía al Ejecutivo con embajadas en el Vaticano y Marruecos.   Lo último en el ámbito internacional es el terremoto que sacudió ayer de nuevo a Nepal y que causó al menos 57 muertos y 1.129 heridos, según el primer balance oficial. El epicentro del seísmo, de 7,3 grados en la escala Richter, se localizó a 68 kilómetros al oeste de Namche Bazar, localidad al noreste de la capital, Katmandú, cerca del campamento base del Everest. El temblor fue seguido de ocho réplicas de entre 4,3 y 6,3 grados. También afectó a India, donde al menos han muerto 17 personas, la mayoría en el estado fronterizo de Bihar. En lo económico, el Gobierno griego cumplió ayer con la devolución de 750 millones de euros adeudados al Fondo Monetario Internacional (FMI). De esa cantidad, utilizó alrededor de 650 millones de euros en su cuenta de emergencia. El momentáneo alivio por haber hecho frente al pago, enseguida quedó eclipsado por la noticia sobre el origen del dinero: una cuenta de reserva para situaciones extraordinarias que el país tiene en el FMI, como todos los países miembros de la Institución europea. En lo que respecta a las exclusivas del día, CaixaBank ha cambiado el esquema de pagos en los cajeros al empezar a cobrar dos euros a los que sacan dinero si no son clientes suyos. Hasta ahora, el banco propietario de la tarjeta realizaba el cobro al usuario. El problema es que algunas entidades siguen cobrando a sus clientes, que también pagan a CaixaBank. Bruselas ha pedido "aclaraciones de este modelo de prestación de servicios y de su aplicación", mientras otras entidades, como el Santander, podrían imitar a CaixaBank, que sostiene que cobra para rentabilizar su inversión, publica El País. Telefónica ultima el lanzamiento de un nuevo plan global de compra incentivada de acciones para los empleados de todo el grupo. El programa ha sido bautizado como GESP 2015 y seguirá a otros similares lanzados con anterioridad por la operadora. Los trabajadores podrán invertir entre 25 y 150 euros al mes y, una vez completado el periodo de tenencia de un año, recibirán una acción de recompensa por cada título adquirido y mantenido hasta el final de ese periodo. Así, la inversión máxima anual podrá alcanzar los 1.800 euros y la mínima será de 300 euros. La intención de Telefónica es fortalecer el carácter de empleador global de la compañía, que busca también crear una cultura retributiva común para todas las filiales del grupo, informa Cinco Días. Banco Sabadell ha decidido poner en valor la cartera de hoteles que se ha adjudicado durante la crisis. La entidad financiera ha creado Hotel Investment Partnership (HIP) para gestionar esos activos de forma diferenciada e incrementar su rentabilidad. El nuevo vehículo nace con una cartera de veinte establecimientos valorados en 250 millones, aunque su objetivo es administrar activos por 1.000 millones en tres años. Para liderar HIP, Sabadell ha fichado a Alejandro Hernández-Puértolas, exdirector del grupo inversor Reig Capital, señala Expansión. Andorra lleva a los tribunales el concurso de Banco Madrid, afirma El Economista. BP y Cepsa ofrecen a la OCU solo sus actuales descuentos. Rechazan rebajar los ocho céntimos por litro que pidió la organización. Unos 209.000 usuarios se habían registrado ayer en la página web habilitada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dentro de su iniciativa para la compra colectiva de carburantes (gasolina y diésel). El día de ayer era la fecha límite para quien quisiera inscribirse, sin compromiso, en una plataforma lanzada por esta organización el pasado mes de abril. Con menos interesados iniciales que en las compras colectivas de electricidad realizadas por la OCU, esta considera un éxito la acogida para la de carburantes, que ha realizado por primera vez. El problema ha surgido más bien por el lado de la oferta. Tras el rechazo de la principal operadora, Repsol, la OCU ha logrado que sus inmediatos rivales, Cepsa (que se llevó el gato al agua en una iniciativa similar en Portugal, aunque su red es allí muy pequeña) y BP, hayan accedido a realizar sendas ofertas. Aunque no con excesivo entusiasmo, dice Cinco Días. Tras un exitoso desembarco y varios años de crecimiento fulgurante, las tiendas de Apple en España tuvieron un discreto ejercicio 2014. La facturación creció muy ligeramente en un año en que la compañía aún no había lanzado el iPhone 6 y Samsung le comía terreno en los teléfonos de alta gama. Solo el impulso de la apertura de la nueva tienda estrella en la Puerta del Sol de Madrid permitió a Apple Retail Spain, la filial que gestiona las Apple Store españolas, esquivar la caída de ventas, recoge El País. Los extranjeros añaden 100.000 millones a la bolsa en dos años, según El Economista. Patronal y sindicatos cerraron ayer un principio de acuerdo salarial con subidas de hasta el 1% para este año y de hasta el 1,5% para el que viene, al tiempo que han pactado una cláusula de salvaguarda ante alzas del IPC superiores a lo previsto. Miembros del Ejecutivo mostraron frialdad con la subida salarial pactada e incluso rechazo a una de las concesiones anunciadas inicialmente por la patronal: la de volver a utilizar el IPC español como referente de subidas salariales. Fuentes gubernamentales señalaron a EL MUNDO que es incomprensible que la patronal no haya mantenido la redacción del acuerdo anterior de 2012 que vinculaba las subidas salariales no solo a la inflación española, sino también a la europea, de modo que se tomara como referencia "la menor de las dos". El temor de Moncloa es que sienten precedentes para que en los próximos años se eche por tierra la mejora de competitividad en costes laborales conseguida en el periodo de la crisis con respecto a los rivales europeos comerciales. El acuerdo salarial reabre la división entre las bases y la cúpula de CEOE. Unas condiciones que rompen las "líneas rojas" marcadas por la CEOE y que han levantado ampollas entre las bases de la organización empresarial, que acusan a la cúpula de "incumplir el mandato de la Junta Directiva y de ceder a "las presiones del Gobierno". De hecho, los críticos al pacto recuerdan que los presidentes de CEOE y de Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, habían calificado públicamente de "innegociables" tanto la subida salarial máxima del 0,9% como el rechazo a la cláusula de revisión, aunque la flexibilidad para llegar al 1% la tenían asumida. Pero ha sido la cesión en la cláusula de revisión la que más ha enervado a muchos dirigentes sectoriales y territoriales de la patronal, que se remiten a recientes documentos internos de CEOE en los que se advertía que "recurrir a la inflación como variable del incremento salarial retroalimenta el crecimiento de los precios", señala El Economista. Las sentencias de los tribunales están desmontando el espíritu de la reforma laboral aprobada hace tres años para lograr mayor flexibilidad en las empresas, lo que está provocando una creciente inseguridad jurídica en las compañías. Los expertos demandan al Ejecutivo que introduzca cambios en la normativa para hacer más predecible la actuación judicial, destaca Expansión. Control del gasto autonómico, mejora de la ley de unidad de mercado y conclusión de la reforma financiera. Son parte de los resultados, en formato de recomendación, del test comunitario a España. El programa de reformas del Gobierno encara hoy un examen crucial. En un año que órbita en torno al calendario electoral, y un mensaje del PP que pivota sobre la recuperación económica, la Comisión Europea anunciará hoy las recomendaciones a España, además del resto de socios europeos, para ajustar sus economías y equilibrar sus cuentas públicas. Según ha podido saber elEconomista, el paquete de recomendaciones para Madrid va a ir envuelto en un mensaje "bastante positivo". No obstante, incluye una serie de avisos importantes, sobre todo relacionados con la gestión (es decir, el control) del gasto público hecho por las comunidades autónomas, que se ha disparado ante la proximidad de las urnas. España sigue escalando posiciones en el ranking de las denuncias internacionales ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) por el hachazo a las energías renovables. El país recibió el pasado 8 de mayo una nueva demanda, en esta ocasión firmada por la empresa alemana BayWa, y ya acumula 13 procesos abiertos en esta sede, a los que hay que sumar varios procesos más en otras cámaras de litigios internacionales. De hecho, durante el último año España ha sido el país que más demandas ha recibido con un total de 8 nuevos procesos, todos con la reforma eléctrica aprobada en 2013 y el cambio de retribución sobre las energías verdes como telón de fondo. El país ha recibido un 18% del total de denuncias interpuestas en el último año, lo que equivale a una relación de uno de cada cinco procesos, destaca El Mundo. Consciente de que su voto puede ser decisivo en la gobernabilidad de al menos siete comunidades autónomas, Ciudadanos ha elaborado una serie de condiciones para alcanzar pactos de investidura que incluyen la celebración de primarias, algo que afecta directamente al PP, pues las encuestas prevén que sea la lista más votada en la mayoría de las autonomías y es una de las últimas fuerzas políticas en España en la que sus candidatos son elegidos a dedo. El pacto anticorrupción, que incluye la elección por medio de primarias, "es la base" y "debe estar sí o sí", según dice a El País Antonio Espinosa, secretario de Acción Política de Ciudadanos. Los estatutos del PP no contemplan este tipo de elección y el partido tampoco se las ha planteado en serio. "El debate de las primarias en el PP no existe ni se va a plantear de aquí a las generales", señalan fuentes populares. El Gobierno de Susana Díaz adjudicó la explotación de la mina de Aznalcóllar en un procedimiento plagado de irregularidades, saltándose la ley y «sin observar el más mínimo rigor». Y todo para dejar el yacimiento en manos de Magtel, una empresa con fuertes vínculos con la propia Junta de Andalucía, que le concedió hasta 15 millones en ayudas en cuatro años y que fichó a un ex alto cargo socialista. Lo hizo en plena precampaña de las autonómicas y como una de las promesas estrella de Díaz: la reapertura de la mina cerrada tras el vertido de 1998 y la consiguiente creación de cientos de puestos de trabajo, informa El Mundo. El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Antonio Hernando, utilizó el nombre del ex presidente del Congreso de los Diputados José Bono para vender sus servicios de consultoría política en Panamá. Según informaciones a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, fue el propio José Blanco el que planteó a Bono sumarse a este proyecto en el Caribe para asesorar al Partido Revolucionario Democrático (PRD), que se enfrentaba a las elecciones presidenciales y legislativas de mayo de 2014 con Juan Carlos Navarro como candidato. Madrid Network, una empresa creada en 2007 por el Gobierno regional de Madrid cuando lo presidía Esperanza Aguirre, del PP, y cuya misión es fomentar la innovación tecnológica, concedió créditos en condiciones muy ventajosas a sociedades de dos ex altos cargos del propio Ejecutivo regional, según las cuentas de la empresa a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Los créditos sumaron un total de nueve millones de euros y procedían de una partida de 80 millones del Ministerio de Ciencia y Tecnología destinada a financiar proyectos de investigación empresarial. «Cuando la política legislativa afecta directamente a derechos fundamentales no puede guiarse por el oportunismo ni por las exigencias del clima electoral». Así lo consideran cinco de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial que el lunes votaron en contra del informe del anteproyecto de ley que avala la publicación de los nombres de los condenados por fraude fiscal. A su juicio, resulta contradictorio que se prevea la medida de publicidad en el caso del fraude fiscal y no para «otros bienes sin duda más valiosos, como la vida, la libertad personal o la libertad sexual». En el escrito, al que tuvo acceso ABC y que firman Roser Bach, Enrique Lucas, María Victoria Cinto, Concepción Sáez y Clara Martínez de Careaga, estos vocales consideran que el legislador no puede establecer restricciones «a su arbitrio» a derechos fundamentales. Y subrayan que el anteproyecto del Gobierno se mueve en un «terreno extremadamente difuso» y adopta una medida (la publicación de esos nombres) que implica una clara «injerencia». En España hay 8.122 municipios. El 84% de ellos no llega a 5.000 habitantes: casi la mitad no superan los 500; 1.220 no tienen más de 100 personas y nueve cuentan con 10 vecinos o menos, según datos del Ministerio de Hacienda. En el más pequeño, Illán de Vacas (Toledo), viven tres. Europa lleva décadas apostando por la fusión de las localidades más pequeñas en aras de la racionalidad territorial y el ahorro. Sin embargo, en España el apego al pueblo y el deseo de autonomía marcan la tendencia contraria: en las elecciones del día 24, siete nuevas localidades elegirán a su alcalde por primera vez, cuenta El País. La Generalitat no se arredra ante los «obstáculos» que le pone el Gobierno y abrirá otras dos embajadas. Una en el Vaticano y otra en Marruecos. Tras su puesta en marcha en los próximos meses, el Ejecutivo catalán contará con nueve delegaciones: las nuevas se añaden a las de Nueva York, Londres, Berlín, París y Bruselas, que ya funcionan, y las de Roma y Viena, que se están ultimando. La Generalitat plantea la apertura de las nuevas oficinas como un reto al Gobierno, que reivindica la política exterior como una competencia exclusiva del Estado. De hecho, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció hace dos meses que recurría ante el Tribunal Constitucional (TC) la reciente ley catalana de acción exterior. Además, también impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la creación de las delegaciones de Roma y Viena, explica El Mundo. José Ángel Gutiérrez [email protected]