Exclusivas de la prensa de papel (26/04/2018)

La ya exjefa del Ejecutivo madrileño, Cristina Cifuentes, eligió una ambigua fórmula para anunciar su dimisión: «Renuncio a ser presidenta de la Comunidad de Madrid». Tras 35 días de «linchamiento mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire», provocados primero por el «mastergate» y ayer mismo por el vídeo del hurto de cosméticos en un supermercado madrileño, la política daba un paso atrás. Pero sólo a medias: se mantiene como presidenta del partido en Madrid, tal y como hizo saber a los diputados de su grupo apenas una hora después de presentar su dimisión como presidenta del Gobierno. En Génova miran con reticencia este movimiento, y avisan: se dará «un tiempo» para decidir el futuro del PP de Madrid, pero todo apunta a la puesta en marcha de una gestora hasta que un nuevo congreso elija líder regional. (ABC)

Banca March ha empezado a poner encima de la mesa los nombres sobre los que pesará la expansión de su negocio de banca de inversión. La entidad tiene entre sus planes incorporar entre 9 y 12 banqueros para ampliar su plantilla en un 50% con el objetivo de consolidar sus resultados y ya ha dado los primeros pasos con los fichajes de Ramón Llorente y Guillermo Hott, ambos procedentes de Santander. (Expansión)

El Gobierno de Ramón Luis Valcárcel en la Región de Murcia pagó un sobreprecio a ACS por el agua de la desaladora de Escombreras. Lo dictamina ahora la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (Udef ), pero lo avisó ya en varios informes Auditeco, la firma que auditaba las cuentas de la sociedad. En los informes correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, la auditora de la empresa Desaladora de Escombreras, constituida por ACS pero participada ya por el Ejecutivo autonómico, advirtió de que “los precios de venta con su único cliente se encuentran establecidos en un contrato entre ambas partes y no en función de los precios de mercado”. El problema de fondo, según mantenía el auditor, es que “los precios aplicados” a dicha firma “son muy superiores a los que ésta aplica a sus clientes”. (El Economista)

Argentina prepara una gran apuesta por las infraestructuras que ha llamado la atención a dos de las constructoras españolas. Acciona y Copasa participan en sendos consorcios para tratar de hacerse con obras por valor de 6.000 millones de dólares (4.924 millones de euros). El proyecto está valorado en 6.000 millones de euros para construir autopistas por 3.553 kilómetros en cuatro años. (El Economista)

Máxima opacidad en las ayudas públicas al diseño textil. La Asociación de Creadores de Moda (Acme), la organización presidida por Modesto Lomba que gestiona y reparte las subvenciones, rechaza detallar quiénes son los beneficiarios. El Gobierno madrileño ha aprobado este mismo mes ayudas por valor de 335.000 euros, a los que se suman otros 112.000 euros más del Icex. (El Economista)

Después de un tira y afloja que ha durado meses entre los países del Este de Europa que se niegan a acoger refugiados, y la Comisión Europea, Bruselas presentará el próximo miércoles una propuesta para el presupuesto de 2021 a 2027 en la que se desplazan fondos de ayuda desde el Este a los países del Sur más afectados por la crisis migratoria y de seguridad. El Este de Europa se niega en redondo a acoger refugiados, y varios Gobiernos de esa zona vulneran las reglas básicas del Estado de derecho, los denominados valores europeos. (El País)

Tal y como se la conoce, a Izquierda Unida le quedarían apenas dos años de vida. Su coordinador federal, Alberto Garzón, ha propuesto la voladura controlada de la organización y su final como "partido político clásico" para transfomarla ahora en un "movimiento político y social". Un cambio drástico en sus estructuras y en su funcionamiento internos que le permitirá alinearse y acoplarse de una manera total y sencilla con Podemos para su absorción definitiva.La mutación se explica en un documento elaborado por la dirección federal que se llama Propuestas e hitos para la construcción del Movimiento Político y Social, al que ha tenido EL MUNDO, donde se detallan los pasos a seguir en los dos próximos años para -dice- "deshacer los elementos que hacen de IU un partido político y afianzar los elementos que construyan un movimiento".

Ciudadanos y el PP de Cataluña pretenden que el Tribunal Constitucional anule la decisión de la Mesa del Parlament de permitir el voto delegado del prófugo diputado de ERC Antoni Comin, actualmente huido en Bruselas, en su compañero de filas Sergi Sabriá, así como el del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Una vez que se presenten en el Alto Tribunal, lo que se espera suceda hoy mismo, los magistrados deberán decidir al respecto si lo admiten a trámite. En este sentido, fuentes jurídicas indicaron a este periódico que el Alto Tribunal lo admitirá al entender que la materia objeto del recurso tiene «suficiente entidad constitucional». Sin embargo, la admisión a trámite no conllevará la suspensión inmediata del acuerdo de la Mesa del Parlament de Cataluña, lo que, en cambio, sí se produciría si fuese el Gobierno de Mariano Rajoy quien lo interpusiese e invocase el artículo 161.2 de la Constitución. (La Razón)

El Servicio de Asesoramiento a Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid se halla en el mismo piso donde tiene su sede un conglomerado de 22 cooperativas que en estos tres años de gobierno de Ahora Madrid han recibido 1,6 millones en contratos, convenios y subvenciones. Entre las empresas que se hallan en este piso de Arganzuela están firmas como Tangente, de la que fue directora estratégica una asesora del equipo de Manuela Carmena, y REAS, a la que el Consistorio ha adjudicado más de 600.000 euros. El servicio de asesoramiento lo gestiona una empresa vinculada a Tangente. (El País)