-El Santander vincula el bonus a la motivación de la plantilla. -Panamá presiona a la banca local para asfixiar al consorcio de Sacyr. -La construcción española, a por 130.000 millones en obras de Trump. -Cinco ingenierías españolas, finalistas al AVE de Singapur a Malasia. -Los fabricantes de coches en España ven un 2017 incierto. -Fuencisla Clemares (Google España): "España necesita líderes en lo digital como en banca o moda". -Las empresas no cotizadas, obligadas a dar dividendo. -El consumo de aceite de oliva se 'polariza'. -España recauda lo mismo que Alemania por Sociedades. -Montoro dedica el 8% del PIB en cinco años a pagar facturas autonómicas. -El alquiler de pisos turísticos dispara el interés de los inversores. -Sanidad alerta otra vez por la falta de vacunas de la meningitis. -El Gobierno acepta que la CNMC intervenga en el precio de la luz. -Los sindicatos no quieren que el PSOE pacte con el Gobierno a sus espaldas. -Susana Díaz no dará el paso hasta que no se conozca la fecha del Congreso del PSOE. -Un sector de la Policía implica al Rey Juan Carlos en el 'caso Pujol'. -El acta original de la identificación de cadáveres no fue utilizada en el juicio del Yak 42. -Oleguer Pujol utilizó una trama empresarial en Holanda para ocultar dinero a Hacienda. -El apoyo de la CUP a los presupuestos impulsa el referéndum en Cataluña. -La Generalitat compró al Mossad sistemas antiescuchas. -La Audiencia Nacional multa a Òmnium y ANC por utilizar datos privados con fines ideológicos. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que suspende todas las acogidas de refugiados, así como la entrada en el país de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana -Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen-, fue paralizada parcialmente ayer por una juez de Nueva York, a instancias de la organización de izquierdas Unión Americana para los Derechos Civiles. Su decisión fue seguida por otros cuatro jueces federales de Washington, Virginia y Massachusetts, lo que impidió que cientos de personas retenidas en distintos aeropuertos fueran deportadas a sus países de origen. Y en Fracia, Benoît Hamon será el candidato socialista al Elíseo. El representante del ala más izquierdista del partido se ha impuesto con una amplia mayoría este domingo a Manuel Valls en la segunda vuelta de las primarias. Según los primeros resultados ha logrado el 58,65 % de los votos frente al 41,35 % obtenido por el primer ministro. En cuanto a las exclusivas del día, el Gobierno ha puesto a la venta el banco BMN desde el pasado jueves por un valor mínimo de 1.600 millones y el difícil objetivo de recuperar el dinero público inyectado en este grupo de cajas nacionalizado. Société Générale ha iniciado un sondeo de mercado por encargo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y ya han mostrado interés grandes fondos de EEUU como KKR y Cerberus y también los principales bancos españoles, pero sin concretar aún precio, según aseguran a EL MUNDO fuentes próximas al organismo estatal. Queda todavía lejos conocer si alguno de ellos ofrecerá la cifra que pretende el Frob. El Santander vincula el bonus a la motivación de la plantilla. Compromiso para ser un banco "sencillo y justo". (El Economista) La puesta en servicio del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá no ha rebajado la tensión entre el consorcio contratista de la obra, liderado por Sacyr, y la autoridad de la vía marítima, la ACP. La batalla se centra ahora en el cobro de anticipos por valor de 800 millones de dólares (unos 745 millones de euros). Sacyr y sus socios (Impregilo, Jan de Nul y Cusa) tienen dificultades para renovar las garantías corporativas sobre esos anticipos porque una parte de la banca rechaza seguir participando en el proyecto. Según fuentes próximas a los contratistas, la clave está en la oposición de las entidades locales Banistmo y Scotia, que no quieren renovar el fronting de las garantías (aseguramiento de garantías en el exterior) por valor de 300 millones, presionados por la Autoridad del Canal de Panamá, su mayor cliente en el país. De esta cantidad, a Sacyr le corresponde unos 133 millones por su participación del 41% en el consorcio. (Expansión) Las mayores constructoras españolas esperan el anuncio del presidente de EE UU, Donald Trump, sobre el ambicioso plan de infraestructuras prometido en la campaña electoral. Se prevé una primera batería de medio centenar de proyectos urgentes valorados en 137.500 millones de dólares (130.000 millones de euros), de los 550.000 millones del programa total. Al menos la mitad de esa inversión será privada. ACS, Ferrovial y OHL parten entre las favoritas para los contratos, tras convertirse en constructoras locales a golpe de adquisiciones. Sacyr y Acciona también tienen sus radares orientados a EEUU. (Cinco Días) Cinco ingenierías españolas, finalistas al AVE de Singapur a Malasia. (El Economista) Los fabricantes de coches en España ven un 2017 incierto. La patronal teme que la inestabilidad internacional y la falta de incentivos internos le impidan alcanzar los 3 millones de vehículos. (La vanguardia) Fuencisla Clemares (Google España): "España necesita líderes en lo digital como en banca o moda". (Cinco Días) El Ministerio de Economía ha dado vía libre a un cambio en la ley de Sociedades de Capital que fuerza a las empresas a pagar dividendo. La medida, bloqueada en varias ocasiones desde 2011, ha entrado en vigor este mes con el objetivo de proteger los intereses de los accionistas minoritarios frente a la práctica de atesoramiento del beneficio que suelen acordar los socios de control. (Expansión) Si hubiera que definir con una palabra el consumo de aceite de oliva en nuestro país a día de hoy, ésta sería la de «bipolaridad» y es que se está produciendo una tendencia curiosa en los supermercados: como el precio de este producto subió tanto el año pasado, los españoles han dejado de comprar el aceite de oliva de gama media y se han pasado a los polos, por lo que se han disparado las ventas de los más baratos pero también las de los más caros. (El Mundo) El impuesto sobre sociedades español es, entre los grandes tributos, el que más se acerca a los estándares de la UE. Eurostat refleja que España ingresó por esta tasa un 2,4% del PIB en 2015, el mismo nivel que Alemania y una décima por debajo de la media europea. En IRPF e IVA, sin embargo, la recaudación está más alejada del promedio. Aun así, Hacienda resalta que Sociedades aporta la mitad que en 2007. (Cinco Días) Montoro dedica el 8% del PIB en cinco años a pagar facturas autonómicas. Los mecanismos de liquidez del Estado permiten a las CCAA saldar 77.697 millones en vencimientos. Cataluña y Valencia acaparan más de la mitad de los préstamos estatales desde 2012. (El Economista) La rentabilidad de una vivienda se multiplica por cuatro a través de Airbnb. La adquisición de una vivienda destinada a un alquiler turístico se ha convertido en una opción de inversión cada vez más solicitada en las principales ciudades del mundo, sobre todo por nuevas fortunas y por inversores extranjeros. Invertir para el mercado turístico implica gastos de comercialización y gestión. (La Vanguardia) Sanidad alerta otra vez por la falta de vacunas de la meningitis. Siete meses después de dar por resuelta la crisis, hay "problemas en la fabricación". (El Economista) Desde su creación en 2013, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia tenía la potestad de fijar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que suponen un tercio de la factura de la luz. Pero la pasada legislatura, el Gobierno le arrebató esa facultad, incumpliendo las directivas de la Unión Europea. Ahora, el Ministerio de Energía rectifica y se compromete ante Bruselas a reforzar la independencia de la CNMC. (El País) (El Mundo) Los líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, han advertido al PSOE, a través de su gestora, de que no será posible que compatibilicen sus acuerdos con el Gobierno del PP con la colaboración con los sindicatos si estos no participan de los mismos. Esta cuestión se puso sobre la mesa en una reunión sin publicidad celebrada el 19 de enero en la sede del PSOE, solicitada por los sindicatos después de que los socialistas pactaran la subida del salario mínimo interprofesional a su espalda. (El País) Susana Díaz no dará el paso hasta que no se conozca la fecha del Congreso del PSOE. (La Razón) El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acaba de incorporar al sumario judicial del caso Pujol varias notas policiales internas que sostienen la existencia de una negociación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el ex presidente catalán Jordi Pujol. El objeto de estas supuestas conversaciones buscarían, siempre según estos informes, un trato judicial favorable para el clan catalán a cambio de que no desvele información sensible sobre Don Juan Carlos. Concretamente, que no cuente que el Rey Emérito tiene dinero en la cuenta Soleado de Gürtel. (El Mundo) El acta original de la identificación de cadáveres no fue utilizada en el juicio del Yak 42. En ese documento los generales condenados no avalaban con su firma la identificación errónea de los cuerpos en el caso YAK-42. En ese documento los generales condenados no avalaban con su firma la identificación errónea de los cuerpos. En el juicio, el general Navarro dijo que «nunca le leyeron» la frase que le incriminó y que no había firmado. (ABC) Oleguer Pujol utilizó una trama empresarial en Holanda para ocultar dinero a Hacienda. La trama empresarial holandesa que utilizaron Oleguer Pujol y su exsocio, Luis Iglesias Rodríguez-Viñas, para presuntamente canalizar comisiones y ocultarlas así al fisco español, suma unos activos de 58 millones de euros, según las últimas cuentas depositadas correspondientes al ejercicio 2015. Pujol Ferrusola. (El Economista) El apoyo de la CUP a los presupuestos impulsa el referéndum en Cataluña. Sortean las elecciones por si afectan al 'procés'. (El Economista) La Generalitat compró al Mossad sistemas antiescuchas. (La Razón) La justicia ha sancionado a Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), las dos principales entidades soberanistas, que han impulsado las Diadas y manifestaciones separatistas, con casi medio millón de euros por recoger datos no permitidos de miles de catalanes con fines ideológicos. La Audiencia Nacional acaba de rechazar el recurso presentado por ambos colectivos contra una sanción de 400.000 euros de la Agencia de Protección de Datos por preguntar la ideología de esos ciudadanos y si votarían a favor de la independencia. La Audiencia ordena ejecutar ya la multa por la vía de apremio. (El País) José Ángel Gutiérrez [email protected]