-El votante del PP deja de creer en el partido. -Altos cargos del Gobierno temen ir en las listas autonómicas del PP. -Rajoy adelantará la designación de candidatos por la presión interna. -Cargos regionales presionan a Génova para que anticipe la designación de candidatos para las municipales y autonómicas de 2019. -La gestión del agua aumenta la tensión interna en el PP. -Martínez Maillo (PP): "El mayor activo que tiene el PP sigue siendo Rajoy". - Rajoy descarta prorrogar la vigencia del artículo 155. -Joan Llinares, ex director del Palau: "En CiU no decidían los tesoreros, allí mandaba Artur Mas". -CDC rechaza contabilizar la multa por el 'caso Palau'. -ERC y PDeCAT confían en que la investidura de Carles Puigdemont fracase para exigir un plan B. -ERC reactiva la tensión para investir a Junqueras. -PSOE y Podemos pretenden imponer en Asturias la cooficialidad del bable. -Los nuevos métodos de las mafias de tráfico de personas disparan la presión migratoria en España. -El 72% de los españoles, a favor de la prisión permanente revisable. -El déficit del sistema de pensiones ronda los 18.000 millones sin que el Pacto de Toledo mueva ficha. -Bruselas señala a España entre los países que menos ayudan a las rentas bajas. -Hacienda da 28.000 millones a las autonomías por el FLA. -González prepara cambios en el consejo de BBVA. -Banco Popular: el Estado lideró la fuga. -Amazon negocia alianzas con los mercados de alimentos frescos. -Las empresas del AVE a La Meca reabren su guerra interna. -El Gobierno sopesa el coste millonario de pleitear con la CNMV por Abertis. -Bruselas actuará contra la obsolescencia programada tras el caso de Apple. -Telefónica afronta en Argentina la batalla regulatoria de la televisión. -Younited Credit quiere conceder préstamos con tipos inferiores al mercado. -El precio de los alquileres cierra 2017 con la mayor subida en 11 años. -La mitad del consejo acusa al jefe de Cofares de 'romper' el grupo. -Whatsapp convierte en millonaria a su plantilla.   España podría estar ante un cambio de ciclo político de dimensiones parecidas a las de 1982, cuando la subida del PSOE y de AP acabó estrangulando al partido en el poder, la UCD, en plena descomposición. Según la última encuesta de GAD3 realizada para ABC, Ciudadanos ganaría hoy las elecciones generales con el 26,2% de los votos, por delante del PP (24,7%) y del PSOE (24,2%). Pese a ser el partido más votado, Cs no superaría en número de escaños a populares y socialistas. El PP sería la fuerza con mayor número de diputados (97-101), por delante del PSOE (96-97) y de Cs (86-90). Pese a todo, Albert Rivera, como candidato del partido más votado, podría encabezar un gobierno de coalición con el apoyo del PP o del PSOE. Unidos Podemos, por su parte, quedaría relegada a la cuarta posición, con 14,7% de los votos y 42-44 diputados. Casi la mitad de los españoles que apoyaron al PP en 2016 no mantendrían hoy la misma fidelidad de voto, según una encuesta de Metroscopia para EL PAÍS. Ciudadanos está socavando la base electoral del PP: el 68% de sus votantes ve más atractivo el proyecto del partido de Rivera que el suyo propio. Solo el 54% repetiría voto ahora, según el sondeo, que señala que Albert Rivera sería apoyado por un 23% de antiguos votantes del PP, lo que supondría, siempre según la encuesta, unos dos millones de personas. Mariano Rajoy aborda hoy en la junta directiva del partido medidas de relanzamiento. En esta situación, altos cargos del Gobierno temen que el presidente les pida que lideren las candidaturas con las que el PP intentará frenar a Ciudadanos en las autonómicas y municipales de 2019. (El País) Las direcciones generales y provinciales presionan a Génova para que anticipe la designación de candidatos para las municipales y autonómicas de 2019. En el partido confían en que se concrete en primavera. Las especulaciones sobre los posibles cabezas de cartel ya han empezado. La gran batalla para las autonómicas y municipales de 2019 será en Madrid, donde Méndez de Vigo y Casado podrían hacer tándem con Cifuentes. (La Razón) El bache político que atraviesa el PP puede añadir una nueva muesca con la gestión del agua, debido al malestar instalado en el seno del partido ante la escasa iniciativa del Gobierno en este asunto. La amenaza creciente de que la prolongada sequía derive en un enfrentamiento político llevó hace unos días a las ministras Isabel García Tejerina y María Dolores de Cospedal a convocar en Génova a diputados, senadores y cargos del PP de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. La falta de argumentos sólidos para transmitir en sus regiones soliviantó al PP valenciano y murciano. (El Mundo) El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, reconoce que en su partido existe preocupación por el auge de Ciudadanos, aunque llama "a la tranquilidad y a la prudencia" porque, según dice en una entrevista, lo ocurrido en Cataluña no es extrapolable al resto de España, ya que los populares cuentan con una formación "fuerte y unida", capaz de recuperar los gobiernos autonómicos "que nos quitaron los pactos de los perdedores sin respetar la voluntad de las urnas". Sin embargo, reconoce que es necesario mejorar "en términos de iniciativa de gobierno y de partido" para recuperar el debate sobre la economía y el empleo, en los que la gestión del Ejecutivo del PP ha conseguido unos resultados innegablemente positivos. (La Razón) Cataluña puede tener un nuevo presidente al finalizar este mes y otro Govern y, con él, el artículo 155 de la Constitución pasará a la historia. Será automático. Así lo prevé el acuerdo aprobado por el Senado y el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de octubre. No se necesita un decreto de la Moncloa que lo liquide, ni que el Senado acuerde el fin de su vigencia. La toma de posesión del Ejecutivo surgido de las elecciones del 21-D supondrá el fin de la intervención de las instituciones catalanas. (La Vanguardia) Joan Llinares, ex director del Palau: "En CiU no decidían los tesoreros, allí mandaba Artur Mas". El ex director del Palau señala al ex 'president' como responsable de la financiación ilegal de Convergència. (El Mundo) CDC rechaza contabilizar la multa por el 'caso Palau'. (El Periódico) ERC y PDeCAT confían en que la investidura de Carles Puigdemont fracase para exigir un plan B. Ambas formaciones confían en que el rocambolesco plan del líder de Junts per Catalunya para recuperar la Presidencia acabe fracasando gracias a una intervención judicial que imposibilite una investidura desde Bruselas. La tan demonizada «judicialización del procés» es, pues, la principal baza de Junqueras y Pascal para deshacerse de Puigdemont y relevarlo por un líder más previsible, que no comprometa en su huida hacia adelante a los parlamentarios imputados por impulsar el 1-O y que garantice una legislatura estable y duradera. (El Mundo) ERC reinvindicará que es el vicepresidente legítimo ante la imposibilidad de una investidura a distancia. Los republicanos se niegan a «retorcer» el reglamento para hacerle president y en Bruselas son conscientes de que si el partido de Junqueras acepta el «cambiazo» por Artadi, Pujol, Turull o Rull «las condiciones de negociación serán más duras» La crisis interna en JxCAT podría complicar la negociación de la Mesa. (La Razón) PSOE y Podemos pretenden imponer en Asturias la cooficialidad del bable. La iniciativa, a la que se opone el presidente Javier Fernández, tendría un coste millonario. (ABC) Los nuevos métodos de las mafias de tráfico de personas disparan la presión migratoria en España. Frontex advierte del "reciente empleo de lanchas rápidas, vinculadas al tráfico de hachís", que transportan a muchas personas en poco tiempo. El declive de las rutas europeas y el conflicto en el Rif marroquí son otras de las causas del récord de llegadas a las costas mediterráneas españolas. (El Mundo) El pasado 4 de octubre una mayoría del Congreso de los Diputados dio su apoyo a una iniciativa del PNV que pedía al Gobierno derogar la prisión permanente revisable, incorporada al ordenamiento jurídico español en la ley de reforma del Código Penal de 2015 a propuesta del Partido Popular. Entre los partidos que reclamaban su anulación estaban PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDC y la mayoría de las formaciones nacionalistas. Únicamente el PP se mostró a favor de mantener ese castigo riguroso, con la abstención de Ciudadanos. Pero el caso de Diana Quer ha activado una corriente de opinión, que ya existía, favorable a sostener la prisión permanente revisable. Así, un 72% de los españoles se muestra partidario de que los mayores crímenes se paguen con esta pena, según una encuesta de NC Report. (La Razón) El déficit del sistema de pensiones ronda los 18.000 millones sin que el Pacto de Toledo mueva ficha. Este año precisará de un crédito de 15.000 millones para pagar nóminas. (ABC) En un informe publicado el viernes, la Comisión Europea reprocha a España la escasa eficiencia de su sistema de transferencias sociales. Hasta el punto de que, según el estudio de Bruselas, España es junto a Italia el país en el que las prestaciones menos ayudan a las rentas bajas. El motivo: en proporción a la riqueza del país, hay pocas ayudas para reducir la pobreza. El Gobierno considera que estos datos no son fieles a la realidad, al no incluir las prestaciones en especie que suponen la educación y la sanidad, gratuitas y bastante generosas en comparación con el resto de Europa. (El País) Con la agenda económica del Gobierno paralizada por el conflicto catalán, sin Presupuestos del Estado para 2018 y a falta de una nueva financiación autonómica que establezca un nuevo marco, el Tesoro confirmó recientemente que acudirá a los mercados a captar fondos para el "mantenimiento" de los mecanismos de liquidez de Hacienda "en un nivel similar al de 2017". Así, y según los datos del gabinete que dirige el ministro Cristóbal Montoro, el FLA y la Facilidad Financiera, compartimento para regiones cumplidoras del déficit, prestarán este año casi 28.000 millones, igual que el pasado año. De esta manera, Cataluña volverá a convertirse en la autonomía que más dinero reciba de manos del Estado para atender vencimientos, financiar el déficit y pagar a proveedores, con algo más de 7.750 millones. (El Economista) Francisco González, presidente de BBVA, prepara cambios relevantes en el consejo de administración, que se materializarán en marzo. El banco aumentará el número de consejeros independientes, que serán al menos la mitad del consejo, en línea con los criterios marcados por las autoridades bancarias europeas. En el perfil de los nuevos consejeros destacará su experiencia tecnológica, en el marco de la estrategia del banco hacia su transformación digital, y su trayectoria internacional. El número de miembros subirá a quince, el máximo que contemplan los estatutos del banco. La búsqueda se ha efectuado a través de cazatalentos. Los nombramientos se producen un año antes de que Francisco González deje la presidencia, que será en 2019. (Expansión) Banco Popular: el Estado lideró la fuga. Entidades de todas las administraciones encabezaron la retirada de depósitos y sacaron 600 millones diarios en los cinco días previos, un tercio del total. (El Mundo) Amazon negocia alianzas con los mercados de alimentos frescos. La plataforma americana quiere impulsar los acuerdos con mercados de abastos para elevar sus ventas de alimentación. La primera gran alianza en Madrid le ha animado a ampliar miras. (Expansión) Las empresas del AVE a La Meca reabren su guerra interna. Según recogen varios documentos internos a los que ha tenido acceso El Economista, los socios del consorcio formado por Renfe, Adif Consultrans, Ineco, Indra, Imathia, Copasa, Talgo, Cobra, Abengoa, Siemens y OHL han solicitado un arbitraje para dilucidar las responsabilidades en el suministro eléctrico del Centro de Control de la Operación (BOCC), de los centros de trabajo (workbases), donde residen los españoles y sus familiares que trabajan en la obra del tren de alta velocidad, y del taller de Medina, de gran importancia para Renfe y que está construido en un 75 por ciento. El Gobierno sopesa el coste millonario de pleitear con la CNMV por Abertis. (Cinco Días) Bruselas actuará contra la obsolescencia programada tras el caso de Apple. (Cinco Días) Telefónica afronta en Argentina la batalla regulatoria de la televisión. (Cinco Días) Younited Credit quiere conceder préstamos con tipos inferiores al mercado. (Cinco Días) El precio de los alquileres cierra 2017 con la mayor subida en 11 años. (Cinco Días) La mitad del consejo acusa al jefe de Cofares de 'romper' el grupo. (El Economista) Whatsapp convierte en millonaria a su plantilla. (El Economista) José Ángel Gutiérrez joseangel@hispanidad.com