• El objetivo es encontrar los documentos y pruebas de cómo se gestó la manipulación y quiénes participaron en el fraude.
  • La preocupación llega a los principales institutos económicos alemanes: el caso afectará al 'made in Germany' y a las exportaciones.
  • El Estado de Baja Sajonia teme por el impacto en la región, que también se notará en el recorte de ingresos fiscales.
  • Alarmante declaración del presidente ejecutivo del grupo en EEUU: conocía desde hace 18 meses que se infringían las normas.
Los acontecimientos se precipitan para el fabricante germano Volkswagen cuando no ha podido ni cuantificar el impacto que tendrá en sus cuentas el escándalo por la manipulación en las emisiones en sus vehículos diésel. No es óbice para la Justicia en el país, que prosigue con sus investigaciones para descubrir los intríngulis del fraude. Este jueves, la Fiscalía regional de Braunschweig, próxima a Wolfsburgo, ha registrado la sede principal del grupo en esa ciudad, y otras dependencias de la empresa, en busca de argumentos. Ha confirmado, en concreto, que el objetivo de esas pesquisas es encontrar documentos, dispositivos o pruebas del almacenamiento de datos relacionados con el affaire. En otras palabras, lo que se pretende saber es cómo se manipuló el valor de las emisiones en los tubos de escape y quiénes participaron en el fraude. Al entramado propiamente judicial se unen otros detalles como lo dicho por el presidente ejecutivo del grupo en Estados Unidos, Michael Horn, que ha pedido disculpas al Congreso norteamericano por el escándalo. En su declaración ante el Congreso y Senado, que está colgada en la página web de la Cámara de Representantes, hay afirmaciones inquietantes como que el grupo le comunicó "en la primavera de 2014 que había un posible incumplimiento con las emisiones que podría ser remediado". Horn sabía la que se venía encima, dicho de otro modo, desde hace 18 meses. La pesadilla para Volkswagen en ese país tiene un peldaño más: ha retirado su petición para que la Agencia americana de protección medioambiental (EPA, por su siglas en inglés) certifique los nuevos modelos diésel para 2016. En resumen: no podrá vender esos modelos durante meses. Y es que lo que está en juego no es poco. Para el fabricante, el coste, entre indemnizaciones y multas, puede superar los 50.000 millones de euros, según las primeras estimaciones. Es la consecuencia lógica tras el reconocimiento del fraude. Pero es también un país, Alemania, el que está sobre el tablero. Este jueves, el aviso ha llegado a través de los principales institutos económicos germanos, que temen que el caso acabe afectando a las exportaciones del país. El director del Instituto de Investigación Económica de Berlín (DIW), Ferdinand Fichtner, en concreto, ha constatado esos riesgos durante la presentación del informe de otoño. Hay que tener en cuenta que Volkswagen vende en el mundo unos 10 millones de coches al año. La sombra persigue, por tanto, el made in Germany, ha reconocido Fichtner. El daño será especialmente grave para el Estado de Baja Sajonia (tiene un 20% de VW) y las regiones con fábricas de la multinacional, que también se traducirán en forma de menores ingresos tributarios. El grupo alemán ha anunciado este jueves una serie de pruebas de calidad en sus automóviles diesel antes de comenzar a reparar los motores trucados. Esas pruebas se realizarán antes de final de años en coordinación con la Oficina Federal de Vehículos Motorizados. Rafael Esparza [email protected]