• Explica que, de acuerdo con la ley que rige el IRPF, este tipo de "remuneraciones en concepto de gastos de representación" no es preciso detallarlo.
  • Asumió el sistema, en marcha desde hacía 18 años, cuando entró en el Consejo: "funcionaba así, sólo se podía conocer el saldo, no los movimientos".
  • Rodríguez Ponga gastó en total 255.400 euros.
  • Romero (PSOE): "Las tarjetas nos evitaban anticipar gastos de representación".
  • Romero de Tejada (PP): "Estoy libre de cualquier actividad ilícita".
En el juicio oral sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid, hoy miércoles le ha tocado declarar al exconsejero de Caja Madrid y exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga (en la imagen), quien ha dicho que su tarjeta era una "remuneración en concepto de gastos de representación", que como tal no era necesario justificar y que dependía enteramente de la Presidencia, recogen agencias. A preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, el encausado ha indicado que en ningún momento tuvo que justificar los gastos efectuados porque, de acuerdo con la ley que rige el IRPF, este tipo de "remuneraciones en concepto de gastos de representación" no es preciso detallarla, máxime cuando la tarjeta tenia un límite máximo anual (25.000 euros) que no se podía sobrepasar. En caso de superarlo, ha aclarado, ya no era Caja Madrid la que se hacía cargo de esa diferencia, sino el beneficiario de la tarjeta, con la que en total gastó 255.400 euros. Sobre este límite, ha explicado que era "la forma de movilizar esta remuneración" y ha reconocido que "en algún momento" pidió subirlo, aunque "siempre dentro del máximo anual" de los 25.000 euros. "Siempre a fin de año solicitaba información de cuánto me quedaba para agotarlo, ya que si no lo gastaba lo perdía", ha relatado a la sala, tras exponer que cuando llegó al consejo, asumió que el sistema de las tarjetas, en marcha desde hacía 18 años, "funcionaba así y que lo único que se podía conocer era el saldo, no los movimientos". Una vez al año recibía el correspondiente certificado de retenciones del IRPF, que comprendía su remuneración total sin desglosar y que coincidía con los datos facilitados por Hacienda. Rodríguez Ponga ha negado la validez a las hojas de excel que Bankia ha entregado al tribunal detallando los gastos efectuados por él y por el resto de acusados, ya que considera que se trata de un documento sin certificar, sin membrete y que no ofrece garantías de veracidad. Por eso, no reconoce los gastos que se le imputan, aunque eso no significa, ha dicho, que no los haya efectuado; sencillamente, no pueden reconocer unos cargos que no van respaldados por los extractos correspondientes, extractos que obran en poder de Caja Madrid, como titular de la tarjeta, pero que no estaban disponibles para los beneficiarios como él. Pero la tarjeta "fue siempre de Caja Madrid, nunca de Bankia, y ahora es Bankia la que saca un excel relativo a otra entidad financiera" que no le ofrece fiabilidad. Por eso, envió un burofax a Bankia y a Caja Madrid para advertir de que no reconocía el listado, siempre de acuerdo con la ley de servicios de pago, que dice que "si un cliente no reconoce una operación, es la entidad la que debe probar su existencia". Por su parte, el exconsejero de Caja Madrid en representación del PSOE Antonio Romero Lázaro ha explicado hoy miércoles en la Audiencia Nacional que su tarjeta opaca era "una clara compensación para evitarnos anticipar los gastos" de representación y que le fue entregada bajo la consigna de "no te pases ni sobrepases", recoge Efe. Romero Lázaro ha reiterado que la tarjeta era "de libre disposición" aunque los cargos estaban vinculados al límite anual, y que así se lo fueron comunicando los diferentes consejos de administración de la caja "durante años". Al tiempo, el exconsejero de Caja Madrid, exsecretario general del PP de Madrid y exalcalde de Majadahonda (1989-2001), Ricardo Romero de Tejada, ha defendido la legalidad de las tarjetas 'black' otorgadas por la entidad a exaltos cargos y directivos y se ha mostrado convencido ante el tribunal que juzga el caso de que en 18 años no ha cometido actividad ilícita por el uso de las visas. Romero de Tejada ha respondido que desde que se le entregó la tarjeta por parte de la secretaría general del consejo de administración no tuvo "la más mínima duda" de que era una retribución. Por ello y "por pura prudencia" decidió guardar todos los extractos de las compras efectuadas con su tarjeta y que ascienden a 212.216 euros. Andrés Velázquez [email protected]