El juez Pablo Llarena ha confirmado que procesará por rebelión a Carles Puigdemont y a otros 22 líderes del procés independentista, y que sí hubo violencia. Una decisión de la que sólo escapan Toni Comín y Meritxell Serret, que no están personados en la causa y por tanto no pudieron recurrir. Llarena señala además que "concurre el requisito de violencia en el delito de rebelión y que los datos de Hacienda coinciden con los indicios de delito de malversación". Ya veremos si esta decisión tiene repercusión sobre la que tomaron los jueces alemanes en su día dejando en libertad a Puigdemont. 

También este miércoles, el Gobierno ha confirmado que recurre ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat de Cataluña con la que el Parlament quiere habilitar la investidura de Carles Puigdemont por vía telemática, recoge RTVE.

Reunido en Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno de Mariano Rajoy ha fundamentado esta iniciativa para recurrir la investidura "a distancia" del expresidente catalán, en que se haya aprobado en el Parlament por el procedimiento urgente de lectura única, en que se haya emprendido esta reforma de competencia estatutaria a través del reglamento del Parlament, y en la posibilidad de que órganos colegiados de la Generalitat celebran sus sesiones a distancia, fuera del territorio catalán.

Ningún candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña puede ser investido si no está presente en el Parlament de Cataluña

El portavoz del Gobierno ha subrayado que "Puigdemont es un prófugo de la justicia" y que "ningún candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña puede ser investido si no está presente en el Parlament de Cataluña defendiendo en su sede su programa de investidura”.

El jefe del Ejecutivo ha reunido este miércoles a sus ministros para elevar ante el Alto Tribunal la reforma legal para facilitar que Puigdemont pudiera ser investido presidente mientras permanece en Alemania, a la espera de ser extraditado a España a petición del Tribunal Supremo.

El lunes, el Consejo de Estado informó de su decisión "favorable" y por unanimidad en respuesta a la petición que hizo el viernes el Gobierno para recurrir al TC esta reforma legal en el Parlamento de Cataluña. De esta forma, el órgano consultivo consideró que existen fundamentos jurídicos para presentar un recurso e invalidar directamente la norma.