• Los dos despachos se han convertido en la primera plataforma con más posibilidades para defender a los 300.000 accionistas del Popular.
  • Se trata de romper el esquema al que aludió Ana Botín: yo no iba a comprar el banco, pero iba a ser intervenido y me lo otorgaron.
  • Objetivo: que pague el FROB y que pague Europa.
Los accionistas del Popular no han parado quietos desde que el pasado 7 de junio la Junta de Resolución Europea adjudicase la entidad al Santander al precio simbólico de un euro. Lo perdieron todo de la noche a la mañana, nunca mejor dicho, y los despachos de abogados vieron en seguida la oportunidad para acudir a los tribunales. Y de todas esas reclamaciones merece destacar la que preparan los despachos Iuris Family Office, de Jesús Trillo (en la imagen, a la izquierda), y el bufete especializado en Derecho de la Unión Europea, Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmana, que cuenta con Santiago Martínez Lage (a la derecha), Rafael Allendesalazar y Helmut Brokelmann, como socios. Los dos despachos se han convertido en la primera plataforma con más posibilidades de defender a los 300.000 accionistas minoritarios que vieron cómo sus acciones pasaron de 0,31 a cero euros en unas pocas horas y sin previo aviso. No nos engañemos, la tarea se presenta complicada. Se trata de romper el esquema al que aludió la presidenta del Santander, Ana Botín, para justificar la compra del Popular por un euro, cuando en noviembre lo había valorado en unos 7.000 millones y el día anterior a la intervención el mercado lo valoró en 1.300 millones. Ya conocen la idea: Botín no iba a comprar el Popular -el Santander no hizo ninguna oferta en el proceso de venta- pero el BCE decidió que iba a intervenirlo y en la noche de autos llamaron al Santander. "Nos lo pidieron ayer -martes 6 de junio- y hemos trabajado toda la noche para evitar costes a los contribuyentes", argumentó Botín. Es decir, el Santander no tiene ninguna responsabilidad en la adjudicación. Fue decisión de la Junta de Resolución Europea y que ejecutó el FROB. La estrategia de Trillo y Martínez Lage consiste en reclamar primero al FROB y luego a Europa. El plazo para presentar demandas finaliza el 7 de agosto y acudir a Europa es mucho más costoso -económica y burocráticamente- que hacerlo ante el FROB. Además, el organismo español, dependiente del Ministerio de Economía, fue el brazo ejecutor de la orden dada desde Bruselas. Su responsabilidad está fuera de toda duda. El objetivo está claro: que pague el FROB y que pague Europa. Pablo Ferrer [email protected]