• Crecen las dudas sobre el alcance de la connivencia independentista de los agentes de la Policía autonómica.
  • La mancha de sospechas se amplía, no sólo por el apoyo prestado durante y después del referéndum del 1-0.
  • La juez Lamela tiene la información: los intentos de acabar con la pruebas afectan también a la protección a los políticos.
La Policía Nacional ha comunicado ya a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que llega investiga la actuación de los Mossos d'Esquadra en torno al referéndum ilegal del 1-O y otros aspectos del procés, que los agentes autonómicos intentaron destruir la alerta llegada desde EEUU sobre un posible atentado yihadista en las Ramblas de Barcelona. En concreto, formaba parte de la documentación que los mossos intentaron destruir el 26 de octubre en una incineradora de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), justo antes de ser cesado el mayor de la Policía autonómica, Josep-Lluís Trapero, que restó credibilidad a esa orden, del mismo que el expresident Puigdemont (ambos en la imagen) o el conseller de Interior Joaquim Form, fugado el primero, encarcelado el segundo. La información la publica este lunes El Periódico, el mismo diario que desveló la información en agosto, en plena conmoción por el atentado terrorista y a algo más de mes del 1 de octubre, fecha del referéndum independentista. La Generalitat no sólo negó la credibilidad del aviso (un texto redactado en inglés sobre "posibles ataques a turistas" con fecha del 25 de mayo), procedente del National Counterterrorism Center (NCTC), con las pistas dadas por la CIA (Agencia Central de Inteligencia), sino que lo calificó de "montaje" y lo desvinculó de cualquier relación con la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils. Según el diario catalán, el intento de acabar con ese y muchos otros documentos, tuvo lugar el 26 de octubre, un día antes a la declaración unilateral de independencia votada en el Parlament, pero lo impidió una actuación de la Policía Nacional. El material incautado entonces está ahora en manos de la juez Lamela, que lleva el caso, y alguno de esos documentos son parte de las pruebas contra los Mossos d'Esquadra por su papel el 1-O. Esas investigaciones siguen adelante bajo el mando de Carmen Lamela en una causa diferente a la que lleva el juez Pablo Llarena, del Supremo, por los delitos de rebelión, sedición y malversación. De Lamela depende, no obstante, el papel de los mossos, también en la protección que dieron a los políticos y dirigentes catalanes que organizaron el referéndum y la posterior declaración de independencia. Esos datos se cruzan además con los aportados por el Ministerio del Interior. El coronel de la Guardia Civil encargado de ese dispositivo, Diego Pérez de los Cobos, está citado, como testigo, el próximo 14 de febrero. Andrés Velázquez [email protected]