• La izquierda y los ecologistas lo habían convertido en blanco de sus ataques por el Almacén Temporal Centralizado de residuos radioactivos.
  • Aunque, según admitió el propio Gil-Orteta, el conflicto político era "más duro" que el rechazo social.
  • El CSN cuestionó en noviembre el emplazamiento del almacén en Villar de Cañas (Cuenca) y pidió documentación adicional a la compañía.
  • Las obras ya han comenzado a pesar de no contar con el visto bueno del CSN y de Agricultura.

Francisco Gil-Ortega (en la imagen) ha presentado este martes su dimisión como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), por "razones personales". Lo cierto es que su macha se produce a tres meses de las elecciones municipales y autonómicas. Hay que tener en cuenta que Gil-Ortega es un hombre de confianza de María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Macha y secretaria general del PP.

Gil-Ortega, que fue alcalde de Ciudad Real, senador y vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, llegó a Enresa en junio de 2012 con un encargo: promover el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos, que el Gobierno de Mariano Rajoy había decidido, una semana antes, ubicarlo en Villar de Cañas (Cuenca), en una decisión más que cuestionada -y atribuida por algunos a Cospedal-, ya que era la peor ubicación de todas las presentadas, desde el punto de vista geológico.

En cualquier caso, Gil-Ortega se puso manos a la obra y al poco tiempo presentó el proyecto, ante la atenta mirada de socialistas y ecologistas, que no dudaron en convertirle en blanco de sus ataques, no sólo por razones medioambientales, sino por la rapidez con la que había presentado el proyecto.

Pero no fueron los únicos. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) advirtió en noviembre de 2014 sobre las múltiples carencias de la documentación presentada hasta el momento por Enresa. El caso es que se trata de un contrato valorado en 263,5 millones de euros al que optaba, por ejemplo, ACS. En esta línea, Cristina Maestre, vicesecretaria general regional del PSOE de Castilla-La Mancha, cifra el negocio del ATC en más de 900 millones de euros.

Las críticas se endurecieron, hasta el punto de que el propio Gil-Ortega admitió que el conflicto político estaba siendo más duro que el rechazo social. Pero lejos de abandonar, aceleró las licitaciones para acelerar las obras del almacén, a pesar de no contar con el visto bueno del CSN ni con la obligatoria declaración de impacto ambiental, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Con la marcha de Gil-Ortega, lo más probable es que el ATC, de momento, se paralice. Y quién sabe hasta cuándo. Estamos en año electoral.

Pablo Ferrer

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