• Eso sí, la pena es mínima: sólo afecta a 11 abortos ilegales realizados en sus clínicas de Barcelona, de los 89 de que estaba acusado.
  • Pero el ginecólogo no pisará la cárcel. Su defensa pedirá la suspensión y al ser inferior a la pena mínima (2 años), se le concederá.
  • La Audiencia de Barcelona impone la misma condena al psiquiatra Pascual Javier Ramón Mora, pero absuelve a los otros nueve procesados.
  • Asimismo, el ginecólogo y el psiquiatra son inhabilitados: no podrán ejercer cualquier profesión sanitaria o trabajar en clínicas en 5 años y medio.
  • En cualquier caso, el abogado Rafael López Diéguez, que ha llevado el peso de la acusación particular en el caso Morín, ha conseguido que se condene a un abortista... en este paraíso del aborto llamado España. Menos mal.
Hasta un abortista puede ser condenado en España, paraíso del aborto, aunque el castigo se quede corto. Así lo refleja un hecho conocido este viernes: el abortista Doctor Carlos Morín (en la imagen) ha sido condenado sólo a mes y medio de prisión por cada niño abortado de forma ilegal. En concreto, la Sección 6 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado al ginecólogo peruano a 18 meses de prisión por practicar 11 abortos ilegales en sus clínicas Ginemedex, TCB y Barnamedic de Barcelona, de los 89 de que estaba acusado. Morín "sabía que con la actividad diseñada y organizada por él en las clínicas se van a cometer abortos sin cumplir con los requisitos", se señala en la sentencia. Una pena que resulta mínima y escasa teniendo en cuenta que ha privado del derecho más importante de todos, la vida, a 11 seres humanos. Este parece ser el final del caso, aunque el dictamen sepa a poco. Recuerden que Morín; su esposa, María Luisa Durán y otros implicados, para quienes la Fiscalía pedía cerca de 300 años de cárcel, fueron absueltos en 2013 por la Audiencia de Barcelona. Y es que entendió que los abortos practicados en sus clínicas estaban amparados por los supuestos legales. Sin embargo, el Tribunal Supremo obligó a repetir el juicio al estimar un recurso de la Fiscalía. Pero Carlos Morín no pisará la cárcel. Es cierto que el juez puede pedir su ingreso en prisión -donde ya estuvo unos meses cuando fue detenido-, pero su defensa pedirá la suspensión y como la condena es inferior a la pena mínima (2 años), se le concederá. La Audiencia de Barcelona también ha impuesto la misma escasa condena al psiquiatra Pascual Javier Ramón Mora. "Aparece como psiquiatra firmante en los impresos que pretenden tener los efectos de un dictamen y que se ha considerado acreditado son falsos o simulados", indica dicho tribunal. Además, añade que el psiquiatra "sabe que la firma del dictamen y su posterior inclusión en la historia clínica llevarán a la práctica de una interrupción de embarazo fuera de los casos permitidos por la ley". Recuerden que dicha normativa establece que todas las mujeres (las menores con consentimiento paterno) pueden abortar hasta las 14 semanas, sea cual sea la causa, y hasta las 22 semanas si hay riesgo para la salud física o psíquica de la madre a partir de un informe de un psiquiatra, o bien que existan malformaciones en el feto. Como saben, lo de la salud psíquica es un auténtico coladero en España. Sin embargo, la Audiencia ha absuelto a los otros nueve procesados. Entre ellos, están la esposa de Morín, María Luisa Durán, y su colaboradora, María Virtudes Sánchez.   Asimismo, la Audiencia de Barcelona ha impuesto a Carlos Morín y a Pascual Javier Ramón Mora una inhabilitación de seis meses por cada uno de los delitos (11 abortos ilegales). Es decir, no podrá ejercer cualquier profesión sanitaria o trabajar en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, en 5 años y medio. En cualquier caso, el abogado Rafael López Diéguez, que ha llevado el peso de la acusación particular en el caso Morín, ha conseguido que se condene a un abortista... en este paraíso del aborto llamado España. Menos mal. Es el mismo abogado que consiguió la condena de la concejal Rita Maestre (Podemos) profanadora de la capilla de la Universidad Complutense. Cristina Martín [email protected]