- En términos legales, estamos ante un presunto delito continuado de prevaricación en el concurso de acreedores de Bernardo Alfageme S.A., antigua matriz de Miau.
- El querellante es Gustavo Lago Rey, miembro de la familia Lago, que se convirtió en dueña de Miau en 2006.
- Los acusados son cinco magistrados: Francisco Javier Menéndez, Manuel Almenar, Jacinto José Pérez, Mª Begoña Rodríguez y José Mª Blanco.
- Todos conservadores y cercanos al PP: cuatro de la Audiencia Provincial de Pontevedra y uno del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra -ahora titula el nº 8 de Madrid-.
- La querella les acusa de dictar resoluciones contradictorias en perjuicio de la familia Lago y en beneficio de algunos bancos.
- Pero el fiscal Carlos Mariscal de Gante se opone, y lo hizo con gran rapidez, a que se investigue a sus colegas de estrado.
- Y ojo, a los administradores concursales de Bernardo Alfageme: Pedro Martín Molina, Luciano de Dios Teijeira y Luis Alberto García-Pombo.
Ahora vuelve a la actualidad el concurso de acreedores de
Bernardo Alfageme S.A., tradicionalmente vinculada a la
conocida marca de conservas Miau, uno de los más importantes de Galicia por volumen de activos y en el que parece que no todo se hizo de buena fe. Así, lo denuncia la
querella criminal presentada el pasado 16 de junio
contra cinco magistrados por haber dictado
resoluciones -presuntamente- injustas a sabiendas,
en perjuicio de la citada empresa, propiedad de la
familia Lago, y en beneficio de los bancos.
En términos legales, la querella se formula por la comisión de un
presunto delito continuado de prevaricación en los concursos de acreedores de Bernardo Alfageme
y otra de las empresas controlada por la misma familia. El querellante es
Gustavo Lago Rey, miembro de la familia que adquirió Bernardo Alfageme en 2006.
Los acusados son cuatro magistrados de la
Audiencia Provincial de Pontevedra: entre ellos, su presidente,
Francisco Javier Menéndez Estébanez; además de
Manuel Almenar Belenguer,
Jacinto José Pérez Benítez y
María Begoña Rodríguez González; y el extitular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra,
José María Blanco Saralegui (ahora magistrado electo titular del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid que está desplazado -en comisión de Servicios- al Tribunal Supremo como magistrado de su Gabinete Técnico de Información y Documentación).
Curiosamente, se trata de jueces
conservadores y cercanos al
PP. Recuerden que durante muchos años, el presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra fue
Mariano Rajoy Sobredo, padre del actual líder popular y presidente del Gobierno.
Volvamos a la querella criminal. En ella se denuncia cómo los magistrados habrían dictado
resoluciones contradictorias en perjuicio de la familia Lago -dueña desde 2006 de Bernardo Alfageme S.A.- y en beneficio de algunos bancos.
Pero el fiscal
Carlos Mariscal de Gante Castillo se opone, con demasiada celeridad, a que se investigue a sus colegas de estrado. Y es que el pasado 29 de junio, menos de 30 horas después de que la querella fuera registrada en la Fiscalía,
remitió un escrito pidiendo al
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia que no la admitiera a trámite. Tiempo insuficiente para leer 69 páginas de querella y sus 72 documentos adjuntos… y para además escribir 12 folios.
Este lío empezó en 2006, cuando el grupo empresarial de la familia Lago, animada por el bufete de abogados
Garrigues, se quedó con conservas Miau en compensación de los 30 millones de euros que anteriormente habían prestado a la empresa adquirida. Pero lo que se encontró fue
una ruina sobre la que
Garrigues, que se jacta de ser el despacho de las
Due Diligences en España,
recomendó adquirir sin sugerir análisis previo. Los Lago quisieron ir a concurso inmediatamente, nada más conocerla desde dentro, pero Garrigues les convenció de pedir ayuda a la banca, mediando para la consecución de un
primer préstamo de 35 millones, curiosamente
garantizado con bienes e inmuebles de un valor muy superior y además
contragarantizado con 24,5 millones de dinero público,
por parte de la
Xunta de Galicia. El préstamo debía completarse con otro que no llegó en el plazo pactado y, como era de esperar, Bernardo Alfageme no pudo devolver los préstamos recibidos de la banca. Finalmente, el Instituto Gallego de Promoción Económica (
Igape) se quedó la marca Miau.
Pero también hubo concurso y ojo, a quienes fueron los administradores concursales:
Pedro Martín Molina (que es la persona física con mayor número de nombramientos en administración concursal de España y
un conocido de Hacienda),
Luciano de Dios Teijeira y
Luis Alberto García-Pombo. Claro que en el Igape también hubo asuntos sospechosos: estuvo presidido por
Joaquín Varela de Limia y su sucesor denunció competencia desleal porque hubo una
subasta por 73.000 euros de otros registros de la marca Miau, distintos a los de la marca europea Miau que poseía el
Igape y que costó 24,5 millones de dinero público.
En definitiva, en el caso de la famosa conservera parece que ha habido un
presunto maltrato judicial, muchas contradicciones y demasiado amiguismo entre bancos, abogados, jueces y administradores concursales.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com
