• Se instauró para garantizar la persecución del delito entre países miembros con gran rapidez, pero Bélgica pasa.
  • Lo que genera cabreo en la judicatura española con sus colegas bruselinos.
  • El último episodio: el juez permite que Puigdemont y los cuatro exconsellers se queden hasta el 4 de diciembre.
  • Así, da más tiempo a las defensas para preparar alegaciones y decidirá en vísperas del inicio de la campaña electoral.
El hecho de que el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y cuatro exconsellers -Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret- lleven 19 días en Bélgica (de los cuales, 13 han sido en libertad vigilada) ha traspasado la cuestión política y se ha convertido en una cuestión legal. Claro que la Justicia belga, con su tranquilidad, está poniendo en entredicho uno de los grandes logros comunitarios: la euroorden. En concreto, se trata de la orden europea de detención y entrega (OEDE), la cual se instauró para garantizar la persecución del delito entre países miembros. Pero Bélgica, aficionada a presumir de ser gran defensora de los derechos humanos, está dilatando el asunto, a pesar de que España es, sin duda, una democracia y, sobre todo, un socio comunitario. Algo que está generando cabreo en la judicatura española con sus colegas belgas. El último episodio se ha producido a mediodía de este viernes, cuando el juez belga ha decidido aplazar la decisión sobre la extradición de Puigdemont y los exconsellers al 4 de diciembre. Así, les permite quedarse en Bélgica otros 18 días y ojo, da más tiempo a las defensas para preparar las alegaciones colocando la vista en vísperas del inicio de la campaña electoral para el 21-D (arranca la madrugada del día 5). Pero también hay problemas por las diferentes tipificaciones legales entre España y Bélgica. La Fiscalía belga se ha mostrado partidaria de que se entregue a Puigdemont y a los cuatro exconsellers a España y ha señalado que las conductas delictivas que se les atribuyen se enmarcan en dos delitos recogidos en su código penal (los de coalición de funcionarios y malversación). Eso sí, considera que no deben ser investigados por delito de prevaricación. Mientras, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela emitió la orden de detención acusando a los cinco de los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. Cristina Martín [email protected]