- EL mayor caso, de presunta corrupción del PSOE en toda la Transición y en su feudo electoral básico: Andalucía.
- El caso ERE en Andalucía es una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que gobierna el PSOE desde el año 1980.
- Todas las subvenciones bajo sospecha salían del mismo lugar, la partida presupuestaria 31L.
- Para que fuera posible, sin que saltaran las alarmas, hubo que desactivar expresamente los mecanismos de control de que dispone la Administración andaluza para vigilar el reparto y el destino del dinero público.
- El macrojuicio de los ERE es, por encima de todo, un proceso contra el inmenso poder que llegó acumular y que aún tiene el PSOE en la única Autonomía española que no ha conocido la alternancia política.
- A partir de este miércoles 13 de diciembre, toda esa maquinaria será sometida a juicio.
El caso ERE en Andalucía es una
presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que gobierna el PSOE desde el año 1980. El origen de este escándalo en Andalucía estuvo en la investigación del caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que fueron detectadas prejubilaciones aparentemente fraudulentas, recuerda
Wikipedia.
Todas las
subvenciones bajo sospecha salían del mismo lugar, la partida presupuestaria 31L, bautizada por uno de los principales imputados como un "fondo de reptiles",
dotado con... ¡855 millones de euros!
Con ese fondo se tramitaron ERE y ayudas directas a través de empresas consultoras y aseguradoras, además de los propietarios de las empresas, sindicatos e instituciones adjudicatarias y de todos los altos cargos que trabajaron para las consejerías que otorgaban las ayudas (Trabajo e Innovación principalmente), recuerda
Público.
La trama de los ERE se transformó en una productiva pseudoindustria local que se dedicó durante una década a fabricar parados generosamente subvencionados, gracias a una fuente que parecía inagotable de fondos públicos. Para que fuera posible sin que saltaran las alarmas, hubo que desactivar expresamente los mecanismos de control de que dispone la administración para vigilar el reparto y el destino del dinero público, añade
El Mundo.
Es así como se gesta una de las mayores operaciones orquestadas desde el poder para mantener una poderosa red clientelar que ha contribuido, aún hoy, a la supervivencia del régimen socialista andaluz en una comunidad autónoma que desconoce la alternancia política. El objetivo primero de esa operación fue la desactivación de los conflictos sociales que pudieran empañar la imagen del Gobierno socialista y de su presidente Manuel Chaves. Pero, de paso, un buen número de empresas, organizaciones sindicales y mediadores bien conectados con el PSOE y la Junta se lucraron con una copiosa lluvia de ayudas ilegales.
A partir de este miércoles 13 de diciembre, toda esa maquinaria será sometida a juicio. En el banquillo de los acusados, los ex presidentes de la Junta
Manuel Chaves -ex presidente del PSOE y ex ministro en los gobiernos de Felipe González y
José Luis Rodríguez Zapatero- y
José Antonio Griñán -también ex presidente del PSOE y también ex ministro en el gobierno de Felipe González-, junto a una veintena de ex altos cargos de la Administración andaluza, acusados de haber diseñado el mecanismo para eludir los controles de la Intervención General que permitió una distribución arbitraria de los fondos públicos.
El juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por la conocida como pieza política de los
ERE comienza tras una procelosa investigación judicial instruida por la magistrada
Mercedes Alaya y, tras su marcha del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, concluida por el juez de refuerzo Álvaro Martín.
La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de cárcel y 30 años de inhabilitación para
José Antonio Griñán, imputado en la causa por su actuación en su etapa de consejero de Economía y Hacienda entre los años 2004 y 2009 y, desde abril de 2009, como presidente de la Junta. Le imputa los delitos continuados de malversación y prevaricación. Para
Manuel Chaves, el Ministerio Público pide 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
El
macrojuicio de los ERE es, por encima de todo, un proceso contra el inmenso poder que llegó acumular y que aún tiene el PSOE en la única Autonomía española que no ha conocido la alternancia política.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
