• El presidente se desmarca: el Gobierno no puede hacer nada en el conflicto del ERE porque está en manos de la Audiencia.
  • Pero sí tiene la obligación de hacer cumplir las sentencias judiciales: el embotellador español ya ha incumplido varias.
  • El Ejecutivo también puede presionar a una empresa privada de otras maneras, por ejemplo a través de la CNMC.
Este miércoles, en la primera sesión de control al Gobierno, tras el 27-S, Mariano Rajoy ha vuelto a demostrar su cobardía, pues no se atreve a parar los pies a Coca-Cola. En este caso, ante la intervención del líder de IU, Cayo Lara, en la cual ha salido el tema del conflicto del ERE, que dura ya 21 meses a pesar de las sentencias judiciales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que declararon nulo el Expediente. El presidente y líder del PP ha señalado que el Gobierno no puede decidir en dicho conflicto y ha recordado que el caso está en la Audiencia Nacional, que es la que tiene que dirimir. De hecho, el próximo viernes se conocerá su fallo sobre si la readmisión de los trabajadores es regular o irregular, tras la vista oral celebrada el pasado día 10. Rajoy se ha quedado tan pancho tirando balones fuera, pero es una cuestión en la que no se puede lavar las manos. Al menos, debería reflexionar sobre su postura, pues está en año electoral y cada vez falta menos para la cita con las urnas de diciembre. Pero el papel del presidente del Gobierno en el asunto va más allá. Rajoy debería recordar que tiene la obligación de hacer cumplir las sentencias judiciales: hasta ahora, el embotellador español de la 'marca de la felicidad', Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), las ha cumplido 'a su manera' como cantaría Frank Sinatra, es decir, las ha incumplido. En concreto: ha readmitido a trabajadores en puestos distintos a los que ocupaban antes del ERE y ha reabierto la planta de Fuenlabrada como centro logístico y no como lo que era (centro productivo). Es más, debería poner un poco del empeño que ha puesto en su batalla particular contra Artur Mas, pues reformará el Tribunal Constitucional para que pueda sancionar a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan sus fallos e incluso permitirá suspenderles de sus funciones durante un tiempo. Sin embargo, además de hacer cumplir las sentencias judiciales, el Ejecutivo también puede presionar a una empresa privada de otras maneras, por ejemplo a través de la CNMC. Pero el regulador que preside José María Marín Quemada curiosamente no investiga a Coca-Cola en nuestro país, donde actúa casi como un monopolio al no enfrentar una fuerte competencia. Algo que no hace con otras marcas de refrescos: la última que ha puesto bajo su lupa ha sido Schweppes, propiedad de Suntory, por posibles prácticas anticompetitivas (firma de acuerdos con sus distribuidores independientes) en España. Rajoy tampoco debe olvidar que Coca-Cola se está riendo de España, a pesar de que nuestro país es una de sus mejores franquicias internacionales. Pero los lazos entre la paradójicamente llamada 'marca de la felicidad' y España van mucho más allá. Por dar sólo algunos datos: la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, es consejera de la multinacional de Atlanta y su tío, Jaime Botín, es consejero del embotellador español que preside Sol Daurella; además el que fuera presidente de la marca en nuestro país, Marcos de Quinto, es ahora su responsable mundial de marketing y su vicepresidente. Paralelamente, CCIP se va a fusionar con otras dos embotelladoras (la alemana Erfrischungsgetränke y la estadounidense Coca-Cola Enterprises), dando lugar a una 'megaembotelladora' europea, en la que será el segundo mayor accionista al controlar el 34% de su capital. Este nuevo gigante será el mayor embotelladora mundial del famoso refresco y también uno de los grandes del sector de alimentación en Europa. Cristina Martín [email protected]