- El recorrido previsible: a las sedes seguirán los consejos de administración, los directivos y las plantas.
- Guindos no se anda por las ramas: lo que está pasando es sólo un aperitivo de lo que puede pasar.
- PSOE y Ciudadanos respaldan el decreto que agiliza el cambio de sede con el mismo argumento: seguridad jurídica.
- Los independentistas siguen en el mundo de Yupi para negar la mayor: ¿incertidumbre?
- Y Podemos, que juega a lo suyo (al mismo tamaño que puede ser su hundimiento), sólo ve presión y represión.
El
Congreso es una radiografía política, para lo bueno y lo malo, y se ha convertido este jueves en un espejo en las distintas formas de mirar a un
éxodo inevitable: el de las empresas instaladas en
Cataluña -nacionales o extranjeras-, en busca de refugio.
No es, ciertamente, un movimiento baladí, sino la única alternativa que queda para encontrar
seguridad jurídica. Hasta ahora, esas fugas (más de 800) se concretan en traslados de
sedes sociales, pero ese movimiento quedará como algo anecdótico si se compara con la que se avecina. El proceso seguirá, si el clima no amaina, con fórmulas más drásticas: traslados de los
consejos de administración, movimientos inevitables de
directivos y en última instancia, el traslado de las
plantas.
Esa cruda realidad, incuestionable
per se, tiene otras lecturas según el partido que oficie de lector, lo cual asombra aunque responda a estrategias política. Se comprende, en esa línea, la interpretación que hacen los
partidos nacionalistas, que viven en el
mundo de Yupi (no le conviene), del mismo modo que sorprende la reacción de la
izquierda podemita, ¡oh cielos!, que culpa de ese proceso a las presiones del Gobierno en su uso y abuso de las "
armas propagandísticas".
Dos frentes claros, en cualquier caso, para defender o atacar el con matices, el
decreto ley del Gobierno que agiliza el cambio de las sedes sociales. Por un lado,
Luis de Guindos (
en la imagen), defendiendo la medida, que respaldan
Ciudadanos y
PSOE, de acuerdo, y el resto en contra.
El
ministro de Economía no se ha andado por las ramas porque lo que estamos viendo es sólo "una aperitivo" de lo que puede llegar si los independentistas siguen en su deriva y declaran la república catalana. Los argumentos son conocidos y ciertos: a las empresas no les queda otra que trabajar en
marcos jurídicos estables.
Eso, fuera de la
UE y el
euro, difícil, y con aranceles, una locura por la pérdida de competitividad… y respecto al acceso al crédito, una imagen: la reciente
crisis financiera es un "chiste" comparada con lo que "podría ocurrir". Y lo mismo pasaría con en otros ámbitos (presupuestario, comercial, recaudatorio, cuadro macro, deuda).
Julián López Milla (PSOE) y
Toni Roldán (Ciudadanos) han apoyado el decreto, insistiendo en el argumento de la seguridad jurídica, pero sin olvidar los efectos del desafío independentista en la actividad de las empresas o en el aumento del paro.
A los cambios de sedes seguirá el traslado de medios operativos, ha dicho López Milla, como ya ocurrió en
Quebec (sólo permanece uno los ocho bancos que se fueron).
Unidos Podemos juega al choque frontal. De ese modo se entiende que vea al mismo diablo en el
decreto ley del Gobierno para agilizar el cambio de las sedes sociales. Lo ha dicho, con distintas palabras, el diputado
Josep Vendrell, que ha tildado la norma de "un paso más en una suma de
despropósitos". Dicho de otro modo: el Gobierno ha presionado a las empresas para calentar el ambiente que le conviene, ha dicho, extremo negado por Guindos.
Y a ese coro, se han sumado otras fuerzas con otras voces (Ferran Bel, del
PDeCAT; Joan Capdevila, de
ERC; Idoia Sagastizabal, del
PNV) para ningunear la media, oiga, porque el traslado de sedes cuenta 80 euros, porque las empresas que se han ido son una minucia en un tejido industrial de 260.000 empresas o porque el impacto fiscal de esas fugas es mínimo. Más alarmante, no cabía esperar otra cosa, ha sido
Bildu (Oskar Matute al quejarse de "locura represiva contra el pueblo catalán".
Rafael Esparza
