• Y en el entretanto, Acciona se aprovecha de la ruina de la Generalitat para no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo sobre Aigües Ter-Llobregat.
  • En plata, ATLL sigue siendo gestionada por Acciona y los Entrecanales siguen cobrando el beneficio.
  • Ahora mismo la Generalitat está incumpliendo una y otra vez las sentencias de los tribunales (más de 10).
  • Y si llega un momento en el que a los leguleyos no se les ocurren más recursos a los fallos, dirán que no pueden pagar.
La guerra entre Acciona y Aigües de Barcelona (Agbar) es total desde que, en 2012, la Generalitat adjudicó la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), en una decisión más que sospechosa, a la empresa de los Entrecanales. Agbar recurrió y ganó. Hasta el Tribunal Supremo le ha dado la razón. Pero es igual: Acciona sigue gestionando ATLL y los Entrecanales siguen cobrando el beneficio. A esa batalla se une la que Acciona emprendió contra Agbar en 2013, por la gestión de agua en el Área Metropolitana de Barcelona, esto es, por la gestión del agua 'en baja' (suministro de agua potable, abastecimiento domiciliario o la depuración de aguas residuales en la región metropolitana). No lo duden, se trata de la venganza de Acciona contra Agbar por el frente abierto en 2012. Pues bien, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fallado a favor de la empresa que preside José Manuel Entrecanales (en la imagen). Ojo, la sentencia no cuestiona la capacidad de prestar el servicio de abastecimiento del agua por parte de Agbar. Lo que enmienda el tribunal es la creación de la empresa mixta -70% Agbar, 15% Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y otro 15% Criteria-. Es decir, lo que se pone en solfa es el procedimiento administrativo. Así las cosas, Agbar continuará prestando el servicio a los 3 millones de personas en los municipios del área metropolitana de Barcelona. La sentencia del TSJC no es firme, es decir, es recurrible. Precisamente, recurrir a todas las instancias posibles es lo que ha hecho Acciona durante estos años por el contencioso que mantiene por la gestión de ATLL. Todas las sentencias han ido dando la razón a Agbar y ahora las partes están pendientes de la decisión definitiva del TS. No se apuren. Aunque el Alto Tribunal sentencie a favor de Agbar -es lo más probable- en la práctica no cambiará nada. ¿Por qué? Porque si la Generalitat y Acciona cumplieran la sentencia, el Gobierno catalán tendría que pagarle a Acciona unos 300 millones de euros a lo que habría que sumar otros 700 millones por los intereses y demás conceptos. En total, la Generalitat tendría que desembolsar 1.000 millones de euros, algo que, como se pueden imaginar, no va a suceder. Conclusión: cuando llegue el momento y los leguleyos no puedan seguir recurriendo, dirán que no pueden pagar, y punto. Acciona seguirá gestionando -y cobrando- ATLL. Pablo Ferrer pablo@hispanidad.com