- Aunque lo hace por una cuestión de forma y no de fondo, sobre el que no se ha pronunciado.
- En cualquier caso, el órgano judicial falla en sentido inverso a como lo hizo en agosto con el tarifazo del gas, cuando ordenó suspenderlos.
- Y eso es una buena noticia para el Gobierno de Macri, empeñado en salir de un modelo económico basado en las subvenciones públicas.
Ya explicamos que en Argentina, el nuevo presidente
Mauricio Macri (
en la imagen) está empeñado en un ambicioso plan para impulsar la economía y recortar el gasto público, abandonando las subvenciones. Pero el problema es que acierta en el fin, pero no siempre en el ritmo con el que aplica los medios.
Sin embargo, el gobierno de Macri acaba de recibir un balón de oxígeno. Y es que la
Corte Suprema de Argentina falló este martes en favor de autorizar el
aumento de tarifas eléctricas en la provincia de
Buenos Aires, tras una ola de amparos judiciales para frenar los incrementos que en algunos casos superan el 700%, publica
AFP.
De esta manera, la Corte falló en
sentido inverso a como lo había hecho a mediados de agosto para los aumentos de las tarifas de gas,
cuando ordenó suspenderlos hasta la celebración de audiencias públicas como lo indica la ley, un paso que el gobierno de
Mauricio Macri se había saltado.
Respecto a la
tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires, el tribunal rechazó por unanimidad el pedido de dejar el aumento sin efecto que habían presentado
diputados de la oposición y el defensor público, tras una ola de amparos.
La Corte entendió que quienes promovieron la demanda "carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de
energía eléctrica del ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires".
Eso sí: el fallo
no se pronunció sobre la cuestión de fondo y deja abierta la posibilidad a otros recursos de consumidores que
avanzan en la justicia.
Sin embargo la resolución es una buena noticia para el gobierno de centroderecha de
Macri que lucha por implantar
aumentos de electricidad y gas que superaron el 1.000% en algunos casos y causaron una
ola de protestas.
El ajuste, anunciado en abril pasado, también alcanzó al transporte y al servicio de agua en un contexto de
alta inflación que en el primer semestre acumuló 28,7%, con 200.000 despidos,
según sindicatos, y la economía en recesión.
El Gobierno ha hecho del ajuste una cuestión de Estado al suprimir subsidios para recortar el déficit fiscal, que ronda el 7% del
Producto Interior Bruto, igual que en 2015.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
