• Los principales accionistas, la familia Cierzo (75%), piden judicialmente que se anule al plan para vender la entidad.
  • También discrepan de la valoración económica de los activos y acusan de negligencia a las autoridades.
  • Por cierto, a estas alturas de la película, seguimos sin saber qué 'ocultaban' realmente el BPA o Banco Madrid.
Apenas se sabe qué ocultaba realmente Banca Privada Andorrana (BPA) después de que fuera intervenido -en marzo, hace ya, por tanto, más de cinco meses- por un presunto de delito de blanqueo de dinero. El escándalo, que también provocó la muerte de su filial Banco Madrid y que sacudió los cimientos del principado, estalló, como saben, a raíz de una denuncia de EEUU por la presunta complicidad del banco con el crimen organizado. Pues bien, más de cinco meses después también, la familia Cierco, propietaria del 75 % del BPA, se ha decidido a llevar el caso a los tribunales. El detonante se concretó a mediados de junio, el día 23 en concreto, cuando la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) anunció la creación de Vall Banc, el banco bueno que agrupará los activos y pasivos legítimos de BPA, con la previsión de venderlo antes de fin de año. Y es por esa decisión por la que se han lanzado finalmente en contra los principales accionistas. El recurso ya fue anunciado hace días, pero lo han presentado este jueves. La familia Cierco reclamará al Estado los daños y perjuicios económicos que ha provocado lo que, a su juicio, es "una expropiación injustificada y unilateral". Los accionistas, los hermanos Higini y Ramón Cierzo, han explicado en un comunicado que con su denuncia, "por indefensión", quieren impugnar el plan de resolución que aprobó la AREB. ¿Razones?: la falta de información a los accionistas, que no se haya publicado el plan en su ni integridad ese plan y por las dudas sobre la valoración de los activos. Sobre este último punto, en concreto, la familia Cierzo sostiene que es imposible que el banco haya perdido tanto valor, salvo que se haya actuado con negligencia. Con datos del 31 de mayo, el valor negativo estimado por la AREB por de 103,1 millones y un valor liquidativo, también negativo, de 374,4 millones. El escrito remitido a la primera instancia judicial andorrana apunta también a la inconstitucionalidad en varios de los pasos legales dados en el principado. Rafael Esparza [email protected]