• Al liquidar las autopistas pierden las concesionarias pero no perderá la banca.
  • Al final, claro que costará dinero al Estado.
  • Lo que ocurre es que no le va a costar ahora, sino en la próxima legislatura.
  • Y a todo esto, hay que añadir los recursos interpuestos acerca de la RPA.
La ministra de Fomento, Ana Pastor (en la imagen) está desesperada. Necesita salir de casa. En plena precampaña electoral no tiene ninguna inauguración a la vista. Vamos, que en su agenda falta lo más importante para un ministro de Fomento a pocos meses de unas elecciones. Pero no se apuren, Pastor no se rinde fácilmente. Por eso –no es broma- está llamando a las constructoras españolas para animarlas a que inauguren algo, lo que sea. ¡Pero si no ha habido inversión pública para infraestructuras durante esta legislatura! ¿Qué quiere que inauguremos? Le responden. Da igual, inauguren lo que sea y donde sea. ¿No estamos en un mundo global? Se pueden imaginar la cara de las constructoras. La misma ministra que las ha hundido con las radiales les pide ahora que la saquen de paseo. Y es que, al liquidar las autopistas –no irán a la liquidación pero sí al concurso de acreedores- pierden las concesionarias –que en muchos casos son también las constructoras- pero no los bancos. Lo que está claro es que, al final, las radiales costarán dinero al Estado, es decir, a los ciudadanos. Eso sí, no será en esta legislatura que termina –es una tarea de niños lograr que se retrase unos meses el inicio del proceso concursal- pero sí será en la que viene, gobierne quien gobierne. No es ninguna tontería. Según la patronal Seopan, el coste de la liquidación de las radiales será de unos 8.000 millones de euros. Puede ser. Lo que sí es seguro es que la deuda que tendría que afrontar Hacienda asciende a 4.500 millones de euros que, por supuesto, pasaría a engrosar el déficit del Estado. En definitiva, la cabezonería de la ministra nos costará mucho dinero a los ciudadanos, diga lo que diga doña Ana. Y eso sin contar con el berenjenal judicial en el que se ha metido a cuenta de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que la ministra intentó reducir meses atrás mediante un decreto que pretendía descontar de la RPA el coste de las expropiaciones. Pablo Ferrer [email protected]