• El presidente de la compañía, Ángel Simón, se ha cansado de que el Gobierno catalán no cumpla las sentencias, la última del Supremo.
  • A pesar de todos los reiterados fallos judiciales en contra, Acciona sigue operando Aguas del Ter Llobregat.
  • El Gobierno de Artur Mas se arriesga a que las sucesivas impugnaciones encarezcan aún más las indemnizaciones que tendrá que afrontar.

Llueve sobre mojado en la increíble historia de Aguas del Ter Llobregat (ATLL), otorgada a Acciona, cuando los tribunales insisten en que debió ser adjudicada a Agbar, presidida por Ángel Simón (en la imagen). Van ya 16 sentencias, la última del Tribunal Supremo, y todas ellas dan la razón a Aguas de Barcelona (Suez-Agbar) y se la quitan a Acciona. La justicia ha anulado el otorgamiento de la Generalitat, pero su presidente, Artur Mas, no se quiere dar por enterado. Ángel Simón se ha cansado -lógico- y ha apuntado más arriba: la compañía ha presentado una denuncia en la Secretaría General de la Comisión Europea por vulneración del derecho comunitario en materia de contratos públicos. Quiere así que se resuelva "el incumplimiento sistemático de la Generalitat de las resoluciones judiciales que le obligan a excluir a Acciona de ATLL".

El escrito presentado en Bruselas por el letrado Santiago Muñoz Machado en nombre de la compañía, ha informado Abgar, concluye que "después de dos años en que la Generalitat de Catalunya sigue incumpliendo de modo manifiesto y grave las Directivas de recursos contractuales, SGAB ha decidido acudir a la Comisión Europea para que inicie el procedimiento previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE".  Ese artículo faculta a Bruselas para emitir un dictamen motivado en caso de que un Estado miembro incumpla alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados.

Hasta ahora los Entrecanales se han negado a irse y el president Mas, tozudo él, se niega a echarles. El empecinamiento es la sorpresa del mundo jurídico catalán y lleva a sospechar que la Generalitat -única explicación- tiene algo que ocultar referente al concurso adjudicación de ATLL. En lógica jurídica, Acciona debería haber abandonado ya la dirección de ATLL, pero la Generalitat no se lo ha ordenado. Está claro, por tanto, que la Generalitat se arriesga a que las sucesivas impugnaciones encarezcan aún más las indemnizaciones que tendrá que afrontar.

La denuncia alude a "la vulneración, por un poder adjudicador (la Generalitat), del derecho a un recurso eficaz en materia de contratos públicos, además de los principios básicos de la contratación pública (igualdad, transparencia y libre competencia").

Tiempo al tiempo.

Rafael Esparza

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