El presidente y Ceo de ACS, Florentino Pérez, es el hombre que siempre le gana al Gobierno. Tras la tomadura de pelo con el almacén de gas Castor, ahora vence en la desaladora de Escombreras. De nuevo, ¡Oh capitán, mi capitán! saca partido a que el abogado José Luis (Chitín) del Valle -uno de sus hombres de confianza- sabe firmar los mejores contratos con la Administración.

Ambos proyectos iban a ser un gran éxito de ingeniería, pero al final han sido un saco de pérdidas en los que todos los españoles hemos pagado el pato. El almacén de gas Castor fue adjudicado a ACS por parte del Gobierno Zapatero, pero la cosa salió mal porque hubo terremotos. Eso sí, Florentino Pérez se llevó una indemnización de 1.350,7 millones de euros, a la que suman los intereses por el bono a 30 años o los costes de la hibernación, a pesar de que el Castor disparó el déficit del gas.

En 2009, ACS firmó un contrato con el Gobierno de Murcia (PP) para construir y gestionar la desaladora de Escombreras por 500 millones. Como saben, dicha región tiene problemas de sequía por la falta de agua y ante las dificultades políticas de los trasvases, la desaladora se presentó como la solución a todos los males. Pero conviene subrayar que desalar el agua del mar es un proceso caro y difícil: se necesita mucha energía y el residuo que se genera (la salmuera) tiene que devolverse al mar a distancia de la costa y distribuirse en diversas zonas por su elevado contenido de sal.

La empresa de ¡Oh capitán, mi capitán! se guardó bien las espaldas, pues el contrato de construcción y gestión incluía una indemnización de 559 millones por rescisión, pero cuando el Gobierno murciano incumplió los pagos, ACS reclamó 600 millones.

A esto se une el sobreprecio que pagó la Administración por el agua que salía de la desaladora, como señala un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional y ya avisó el auditor según El Economista. Además, la empresa pública Hidronostrum que gestionaba Escombreras tuvo que ser rescatada por su cliente y titular del 51%, el Gobierno regional.